La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, defendió que los países de renta media de América Latina y el Caribe sigan siendo receptores de ayuda oficial al desarrollo (AOD) para poder avanzar en el cierre de brechas que persisten en distintas áreas.
El nivel de desarrollo debe ser evaluado con un enfoque integral y no solo sobre la base del ingreso per cápita, señaló la funcionaria.
Alicia Bárcena participó en un Diálogo sobre la Cooperación para el Desarrollo ALC-CAD en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y organizado por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En la inauguración del encuentro participaron Ricardo Herrera, director ejecutivo de la AGCID, Bruno Figueroa, director general de Proyectos para Mesoamérica de AMEXCID, y Mario Pezzini, director interino de la Dirección de la Cooperación al Desarrollo de la OCDE.
En una presentación sobre el rol de la cooperación en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, la secretaria ejecutiva de la CEPAL recordó que 28 de los 33 países de la región son considerados de renta media de acuerdo con su nivel de ingreso per cápita, aunque persisten notables disparidades en otras variables del desarrollo, tanto entre ellos como dentro de cada uno.
“No se puede equiparar el nivel de ingreso de un país con su nivel de desarrollo, que implica una evaluación de otras brechas”, indicó Alicia Bárcena, quien citó entre otras las diferencias en materia de pobreza y desigualdad, inversión y ahorro, infraestructura, productividad e innovación, educación, salud y seguridad social, financiamiento y fiscalidad, igualdad de género y sostenibilidad ambiental.
Ante la posibilidad de que en 2017 el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE gradúe, es decir, retire de la lista de países receptores de AOD a varios países de la región, entre ellos a Antigua y Barbuda, Chile y Uruguay, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL remarcó que no existe una clasificación única ni un criterio uniforme para evaluar las necesidades del desarrollo.
La máxima representante de la CEPAL subrayó que el nivel de ingreso per cápita de un país tampoco refleja su capacidad de ahorro, de movilización de recursos internos ni de acceso a los mercados de capitales externos y a otras fuentes de financiamiento para promover el desarrollo. El tamaño de sus economías, sus características estructurales y el escenario externo que enfrentan son algunos de los factores que indicen en todo ello, explicó.
Ese es el caso de los pequeños Estados insulares en desarrollo (SIDS, por sus siglas en inglés) del Caribe, que necesitan apoyo adicional para afrontar el daño causado por fenómenos naturales extremos, una de las causas de su elevado endeudamiento. Ante ello, la CEPAL ha propuesto una condonación de parte de su deuda para crear un fondo de resiliencia que permita financiar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.
En el conjunto de América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena indicó que a medida que han disminuido los flujos de AOD, la región ha pasado a depender en mayor medida de los flujos privados. De hecho, la inversión extranjera directa (IED) y las remesas constituyen el grueso del financiamiento externo (52% y 26% del total, respectivamente). Al mismo tiempo, se estima que en promedio entre 2003 y 2012 los flujos financieros ilícitos que salieron de la región ascendieron a 320,000 millones de dólares al año, lo que implica que duplicaron las remesas y representaron 16 veces la ODA.
En este escenario, según Alicia Bárcena, se requiere que el sector público intervenga para atraer la inversión privada hacia las necesidades de desarrollo que plantea la Agenda 2030, así como recurrir a fuentes innovadoras de financiamiento y a nuevas modalidades de colaboración, como la cooperación Sur-Sur, para proteger los intereses de los países de renta media y abordar la competencia fiscal dañina entre Estados, entre otros objetivos.
Estas y otras propuestas figuran en el documento Horizontes 2030: La igualdad en el centro del desarrollo sostenible, presentado por la CEPAL en mayo pasado, en el que se ofrece una hoja de ruta para la implementación en la región de la Agenda 2030, aprobada en 2015 por los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas.
