[dropcap]L[/dropcap]a constante crisis del sector eléctrico dominicano ha representado un elevado costo para el Estado, que en términos cuantitativos se contabiliza en US$8,844 millones en la última década, lo que indica que el promedio anual del subsidio estatal para mantener el servicio, aun en forma precaria, es de US$884.4 millones.
Cuando se analizan esos datos en comparación con el presupuesto de la Nación se tiene que desde 2010 al 2015 el Gobierno ha estado destinando en promedio el 8.8% de sus gastos totales para subsidiar el sector eléctrico. Todo a causa de las deficiencias operativas de las empresas de distribución Edenorte, Edesur y EdeEste, que no han logrado reducir sus pérdidas a menos de 32%.
De acuerdo con el informe de ejecución presupuestaria de la Dirección General de Presupuesto (Digepres) el año en que el Gobierno aportó más recursos en pesos para el sector eléctrico fue en 2014, con un monto de RD$52,704.3 millones. Tomando en cuenta la tasa de cambio de ese año, ese monto equivale a US$1,210 millones.
Sin embargo, como proporción del gasto total del Estado, ese monto equivale a 10.7%.
Por eso, si bien el aporte en pesos fue el mayor, su impacto en el presupuesto no lo fue tanto como en 2008 cuando el Gobierno destinó RD$49,716 millones al subsidio eléctrico, equivalente al 16.3% de sus gastos totales, un monto que, calculado a la tasa de cambio de ese año, llegó a US$1,439.8 millones.
Lo que pasa es que 2008 fue el año en que el precio del petróleo alcanzó sus niveles de cotizaciones más elevados, llegando a US$147.00 el barril a mediados de julio.
Cifras del sector eléctrico dominicano
Los datos que ofrece Digepres en el informe de ejecución presupuestaria desmontan las versiones de que en determinados años el Gobierno ha tenido que desembolsar hasta US$1,500 millones como subsidio para el sector eléctrico.
Las cifras indican que el promedio de la última década es de un subsidio ascendente a US$884.4 millones anuales. A menos que haya otras partidas de erogaciones directas e indirectas al sector que no se identifican como “aportes al sector eléctrico”, como se indica en el informe de donde se extrajeron estos datos.
De todas formas, los montos aportados al sector resultan muy elevados, si se toma en cuenta la precariedad del servicio y lo elevada que resulta la tarifa eléctrica vigente.
Los aportes del Gobierno para el sector eléctrico tienen diversos destinos. Una parte es para que las distribuidoras completen la diferencia entre el precio de compra de la energía y sus gastos operativos frente al precio de venta final a los consumidores, de donde se desprende una pérdida que oscila entre 32% y 34%.
Otro aporte es el que hace el Gobierno para indexar la tarifa eléctrica, pues se aplica un precio a los consumidores que en ocasiones, cuando los costos de la energía resultan elevados por el precio del petróleo y los combustibles, entonces debería ser ajustada, pero se mantiene congelada. En los últimos dos años, esa indexación ha desaparecido, gracias a los bajos precios del petróleo y el fuel oil.
Asimismo, el Gobierno debe aportar recursos para cubrir el consumo de las llamadas instituciones públicas no cortables (hospitales, escuelas, cuarteles y destacamentos), en cuyas partidas presupuestarias se incluyen los montos para el pago del servicio energético que reciben.
El Gobierno también debe aportar recursos para las inversiones que han de realizar las distribuidoras Edenorte, Edesur y EdeEste en la mejoría de sus redes y efectividad en la comercialización. También se agregan los aportes para la construcción de las plantas de carbón mineral en Punta Catalina, provincia Peravia.
Las cifras de Digepres no desglosan esas inversiones, sino que las ubican en la partida denominada Energía Eléctrica.
El año pasado el Gobierno redujo sus aportes a Energía Eléctrica a solo el 6.5% de sus gastos totales con una partida de RD$33,600.3 millones (US$745,8 millones).
Avances en Punta Catalina
Los informes más recientes sobre el curso de la construcción de las plantas de carbón mineral que con una capacidad de 730 megavatios desarrolla el Gobierno en Punta Catalina, provincia Peravia, indican que la inversión hasta mediados de este año ronda los US$1,220 millones, pero falta por lo menos un tercio de los trabajos para completar la obra, lo que indica que el costo total podría ser ligeramente superior a los US$2,000 millones.
Las plantas de Punta Catalina constituyen la más grande inversión que en el sector energético se realiza en el país. A pesar de las críticas al combustible que han de utilizar (carbón mineral) y de las dificultades para objetar financiamientos, el Gobierno continúa sin pausas los trabajos de construcción.
