Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea adoptaron este martes nuevas normas que obligarán a todos los proveedores de servicios de criptoactivos a informar de las transacciones efectuadas por residentes comunitarios, con el fin de luchar contra la evasión de impuestos y mejorar la recaudación en unas operaciones ahora difíciles de trazar.
“Es un paso adelante muy importante para hacer frente a los riesgos que plantea la digitalización de la economía en el ámbito fiscal”, dijo la vicepresidente española en funciones, Nadia Calviño, quien dirige la negociación en el Consejo por ostentar España la presidencia rotatoria.
La medida, que entrará en vigor en 2026, busca atajar el anonimato en las transacciones con criptoactivos, que permite que usuarios que están obteniendo grandes beneficios con las mismas escapen al radar de las autoridades tributarias.
Para ello, enmienda la directiva de cooperación administrativa (DAC8) para extender a este sector las normas que exigen intercambiar información con fines tributarios, de modo que Hacienda tenga la información necesaria para que estas ganancias tributen como ocurriría con cualquier otro activo financiero.
En concreto, los proveedores de servicios con criptoactivos estarán obligados a informar de las transacciones de clientes que residan en la Unión Europea, ya sean operaciones nacionales o transfronterizas, y las autoridades tributarias estarán obligadas a intercambiar esta información automáticamente.
Las reglas cubrirán un amplio rango de criptoactivos, incluidos aquellos que hayan sido emitidos de manera descentralizada, como las monedas estables, los tókenes de dinero electrónico y los tókenes no fungibles (NFT), explicó el Consejo en un comunicado.
Complementan de este modo la nueva regulación sobre el mercado de criptoactivos (MiCA) aprobada este año, que será la primera legislación específica para poner orden en el mercado europeo de criptodivisas.
“Estos intercambios de información evitarán la formación de burbujas como la que se ha visto en algunos ámbitos y contribuirá así también a la estabilidad financiera y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación de la delincuencia y el terrorismo”, dijo Calviño durante el debate ministerial.
Por otro lado, la nueva norma DAC8 obligará a intercambiar información de forma automática sobre los acuerdos transfronterizos que algunos países conceden a individuos muy ricos, con un patrimonio de al menos un millón y medio de euros en inversiones o activos bajo gestión, sin incluir la vivienda principal.
Asimismo, tendrán que intercambiar datos sobre dividendos no custodiados o ingresos similares, que ahora no están cubiertos por la directiva, según explicó el Consejo en un comunicado.
“El intercambio de información automático se amplía a las resoluciones transfronterizas de personas con un gran patrimonio, a grandes operaciones y ciertos tipos de dividendos par evitar riesgos de elusión y evasión fiscal y fraude”, resumió la vicepresidenta española.
La norma modifica también la obligación de informar del Número de Identificación Fiscal para “facilitar que las autoridades identifiquen a los contribuyentes y atribuyan correctamente los impuestos”, una disposición que los ministros acordaron empezar a aplicar a partir de 2028, aunque la Comisión Europea había pedido que fuese obligatorio desde 2024.
Los Estados miembros tienen ahora hasta el 31 de diciembre de 2025 para introducir la directiva enmendada en sus respectivas legislaciones nacionales, de modo que pueda empezar a aplicarse.
