La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) destacó que para la mejora de los criterios de evaluación y cumplimiento de lo que establece la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, en febrero de 2021 se reformó la resolución No. 002-2021 que creó el Portal Único de Transparencia y establece las Políticas de Estandarización de los Portales de Transparencia, esta resolución introdujo la publicidad de informaciones en formatos abiertos y reutilizables con el objetivo de que las informaciones publicadas puedan ser usadas por la ciudadanía.
La resolución incluye 72 ítems, lo que representa un aumento significativo en comparación con los 36 ítems de la resolución No. 01-2018 que fue derogada, según la Digeig, que explicó que estos ítems deben ser cumplidos por las instituciones y revisados bajo estrictos criterios establecidos, además, se han agregado nuevas directrices en áreas como presupuesto, compras, finanzas y declaraciones juradas.
La Digeig ha realizado capacitaciones, acompañamientos y monitoreos a las instituciones, con los que se han logrado impactar positivamente a más de 3,846 servidores públicos a través de más de 84 sensibilizaciones, encuentros y talleres con instituciones desde julio del año 2021 hasta agosto de este año 2023. Como resultado, indica Ética e Integridad Gubernamental, se ha registrado una mejora “significativa” en las calificaciones de las instituciones del Estado.
Para las evaluaciones del período septiembre 2021, de un total de 228 instituciones, 128 no alcanzaban una calificación de 85 puntos, lo que representa que el 56% que no lograba el mínimo establecido, señala la institución, sin embargo, para finales del 2022 solo 52 instituciones no cumplían con la puntuación mínima, por lo que, el porcentaje de instituciones bajó a un 23% de no cumplimiento.
Capacitación y seguimiento a las instituciones
Al cierre del 2022, dentro del cumplimiento de los 85 puntos mínimos se encontraban 174 instituciones públicas, mientras que a junio 2023 se aprecian 208 instituciones para un incremento de 34 entes, lo que representa una variación de un 20%.
Asimismo, se encontraban 52 entes públicos en incumplimiento a los 85 puntos mínimos, en tanto que, en junio 2023 solo 17 instituciones públicas para una reducción de 35 instituciones, lo que equivale a un 67%.
De acuerdo con la Digeig, en el trimestre abril-junio de este año, solo 17 de las 225 instituciones no alcancen el mínimo de los 85 puntos, lo que representa un porcentaje de (18%) de instituciones evaluadas.
Compromiso con la transparencia
Otro logro, refiere Ética Gubernamental, es la disminución de las mediaciones entre instituciones públicas y los ciudadanos por solicitud de información de carácter público. Al comparar los años 2022 y 2023, el caso de las mediaciones por conflicto en la Ley No.200-04 se evidencia una reducción de un 35% en la cantidad de conflictos recibidos.
A agosto 2023 se contó un total de 311 Oficinas de Libre Acceso a la Información (OAI), las cuales se encuentran registradas en el Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP).
De las 311 OAI, 228 corresponden a instituciones públicas, 211 al Gobierno central y 17 a los organismos autónomos y/o descentralizados; mientras que, 83 OAI corresponden a los Gobiernos locales, 70 son de ayuntamientos y 13 de juntas de distritos municipales.
Otras estadísticas para destacar en la gestión del Portal Único de Acceso a la Información Pública (SAIP), es que tenemos 305 Instituciones registradas a la fecha; 7,307 solicitudes de información recibidas; 6,295 completadas, de las cuales 5,497 fueron respondidas dentro del plazo, lo que representa el 89% de las solicitudes recibidas.
La Digeig anunció que a partir de este segundo semestre del año estará aplicando sanciones por incumplimiento que establece la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, además, dijo que se encuentra fortaleciendo la propuesta de suspender la ejecución presupuestaria a las entidades oficiales que permanezcan con más de dos trimestres por debajo de los requerimientos de la ley.
