La vivienda se ha convertido en un “gran pozo sin fondo” para tres millones de familias en España, que tienen que dedicar el 63% de su presupuesto a los gastos de la casa, los suministros y la alimentación.
Según el informe “Ingresos y gastos: una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida” presentado este martes por Cáritas Española y la Fundación Foessa, el 16.8% de las familias quedan por debajo del umbral de la pobreza severa una vez pagados los gastos de vivienda y suministros básicos.
Cada vez más familias se ven obligadas a recurrir a fórmulas como subarrendar habitaciones (lo hacen 1,2 millones de hogares) o residir en viviendas inseguras (4.2 millones están en pisos compartidos, cedidos sin contrato e incluso en situación de desahucio).
Además, las familias que habitan en viviendas inadecuadas -que no cumplen con las condiciones mínimas dignas- han experimentado “un preocupante aumento”, pasando del 25% en 2018 al 30% en 2021 y alcanza a 5,6 millones de familias, alerta el análisis.
“Muchas familias se enfrentan a una especie de dilema insuperable: la difícil elección entre vivir en condiciones no dignas, como compartir espacios reducidos (…), o enfrentar una asfixia económica marcada por un estrés financiero abrumador, que a su vez puede afectar gravemente la salud”, explicó el investigador de Foessa, Daniel Rodríguez.
La recuperación económica da la espalda a los hogares más humildes
Pese a que los ingresos en España se incrementaron el 11 % desde 2008, la subida de los precios de los últimos meses aumentó un 30 % los gastos familiares.
Según la investigación, esta disparidad es aún más acusada entre los hogares más humildes, ya que apenas crecieron sus ingresos un 0.5%.
Mientras que las familias con menos ingresos invierten más de seis de cada 10 euros a gastos de vivienda, suministros y alimentación, las que tienen mayor nivel económico gastan cuatro de cada 10.
La diferencia entre el crecimiento de los ingresos y el aumento de los gastos, unido al elevado porcentaje de trabajadores pobres (11.7%) y la baja cobertura de los ingresos mínimos (solo los perciben el 44% de la población en pobreza severa), desborda la capacidad de muchas familias que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad, advierte el análisis.
De hecho, el porcentaje de hogares en pobreza material severa se sitúa ya en el 8.1% de la población (3.8 millones de personas), destaca.
Por ejemplo, el gasto en electricidad aumentó un 82% y en el caso de los combustibles líquidos para el suministro de calefacciones fue del 180 %.
“Es un constante equilibrio precario entre garantizar el pago de la mensualidad de la vivienda y sus suministros (…), a expensas de caer por debajo del umbral de la pobreza severa y descuidar otras necesidades fundamentales del hogar”, explicó el sociólogo.
Para comprar una vivienda son necesarios 7.7 años de renta bruta anual frente a los casi 3 años de 1987; y el alquiler genera un nivel extremo de estrés financiero al 16 % de las familias, al que deben destinar más del 60% de sus ingresos.
La secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro aseguró que “muchas familias tienen que recurrir a instituciones para que les ayuden a hacer frente a esos pagos” y recordó que la entidad católica aumentó las ayudas destinadas a vivienda.
Garantía de ingresos mínimos para todos
Para garantizar el acceso a la vivienda digna y adecuada, Cáritas plantea ampliar el número de viviendas sociales en alquiler, también las viviendas de emergencia que facilitan un refugio a familias en situaciones de extrema necesidad y que nadie se quede sin techo por adversidades económicas.
La ONG propone establecer un sistema de garantía de ingresos mínimos con cobertura suficiente para la población en pobreza severa, incluidas las personas en situación administrativa irregular.
Pero también, la simplificación de las normas y los trámites para conseguir las prestaciones.
