La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) informó que es partidaria de que se apruebe una normativa para regular el acceso público a las playas, y propuso crear una comisión técnica multisectorial e interinstitucional que elabore un pre proyecto detallado que sustituya al que cursó en el Senado.
La organización explica que el diseño de una normativa para esta compleja cuestión “no puede ser un ejercicio de escritorios al margen de nuestras realidades económicas, sociales y jurídicas”; y declara que la entidad “esta lista para colaborar en este proceso”.
El Comité Técnico propuesto, dice Asonahores, debe elaborar “un pre proyecto detallado, que asuma las características geográficas y condiciones de desarrollo de las diferente regiones, no deje espacio a la confusión y cierre las compuertas a las discrecionalidades sin fundamento que tan negativas experiencias han dejado en nuestro país”.
La carta explica que la organización no apoya la propuesta que cursa en el Senado porque por diversas razones, “no ofrece una solución adecuada, y el por el contrario creará nuevos y más complejos problemas en este ámbito”.
Asonahores asegura que como institución “está muy de acuerdo con que se legisle para organizar este tema, y están en disposición de colaborar con el Congreso y las autoridades para dotar al país” de esta importante norma.
Señala que la normativa “que la sociedad necesita debe establecer el acceso sin contradecir principios constitucionales fundamentales, no debe desconocer normativas existentes relacionadas bien fundadas, debe respetar los roles de las instituciones públicas y jurídicamente debe ser muy bien estructurada para no crear nuevos problemas que deriven a una situación caótica y creen un limbo jurídico”.
Podemos afirmar que lejos de normar la gestión y el acceso de los particulares a los ríos, lagos, lagunas, playas y costas, la aprobación del proyecto crearía un limbo jurídico que resultaría lesivo a los derechos adquiridos y consolidados y crearía obstáculos innecesarios al sector turismo.
Asonahores explica que el proyecto que cursa en el Senado choca con los artículos 15, 40, 51, 74 y 110 de la Constitución, y contradice el Código Civil y desconoce lo que establece la Ley de Registro Inmobiliario, de reciente formulación, sobre la “servidumbre”, que es la obligación de una propiedad a dar acceso a otra propiedad vecina y en este caso a la costa, río y lagos.
Afirma que también contradice los planes de ordenamiento territorial sectorial ya emitidos, los decretos de aprobación de uso de la franja marítima, y carece de especificaciones técnicas que ofrezcan soluciones claras y aplicables a problemas como el uso indiscriminado y no regulado de embarcaciones, la contaminación y el desorden generalizado que afecta playas, ríos y lagos.
Asonahores refiere que las definiciones que asume el proyecto contradicen otras contenidas en la Constitución y el ordenamiento vigente, situación que podría generar confusiones y conflictos de interpretación, porque son conceptos muy generales que no cumplen el cometido de precisar lo que intentan definir.
