Las plantas de perforación y extracción de crudo son una parte incuestionable del paisaje de los barrios residenciales de Los Ángeles, con todo lo que esto conlleva: ruido, contaminación y malos olores.
El 74% de las 759 plantas activas más «polémicas» se encuentran en comunidades afroamericanas y latinas de bajo nivel socio-económico y sobre este telón de fondo, los activistas y residentes han comenzado a denunciar la historia de «injusticia social» y «discriminación» que se ha ido tejiendo en paralelo.
«Cada vez más gente, por sentido común, está empezando a darse cuenta de que no es apropiado ni es saludable tener una planta industrial operando en mitad de un barrio tan cerca de viviendas y escuelas», aseguró a Efe Niki Wong, una de las líderes de Redeemer Community Partnership, una organización sin fines lucrativos.
Wong vive en West Adams, un barrio obrero y afro-latino construido a finales del siglo XIX en el sur de Los Ángeles.
En 1965 Union Oil compró varias parcelas de viviendas, demolió las casas e incrustó una planta de extracción de petróleo y gas en pleno vecindario. Desde entonces no han cesado las operaciones, ni siquiera cuando fue adquirida en 2013 por la compañía Freeport McMoRan.
La planta está a menos de dos metros de las ventanas del edificio de viviendas más cercano. Entre los apartamentos y las instalaciones petroleras se alza un muro de cemento que no supera los tres metros de altura.
De vez en cuando, activistas y residentes se suben en una silla y presencian la amenaza que existe al otro lado del muro: el trajín de las máquinas perforadoras, grúas, humo, ruido y malos olores.
Según el informe «Drilling Down: The Community Consequences of Expanded Oil Development in Los Angeles», hay 1.071 pozos activos repartidos por la ciudad.
De estos, 759 se encuentran a menos de 458 metros de casas, iglesias, colegios y hospitales. La planta de West Adams reúne a 36 de esos pozos.
Pero, con quinientos pozos activos, el barrio más invadido por las máquinas perforadoras es Wilmington. Situado en el sur de la ciudad, aquí el 86,6 % de la población es hispana.
«La ciudad de Los Ángeles ha permitido a la compañía Warren E & P expandir exponencialmente sus perforaciones en Wilmington con 540 pozos», denunció Gladys Limón, abogada de la organización Communities for a Better Environment.
Para Limón, la situación es muy fácil de explicar: «las plantas perforadoras y las zonas residenciales son «incompatibles».
La letrada representa los intereses legales de la organización juvenil Youth for Environmental Justice en una demanda interpuesta en 2015 contra la ciudad de Los Ángeles en la que South Central Youth Leadership Coalition y Center for Biological Diversity también figuran como querellantes.
Las organizaciones juveniles acusan a la ciudad de «negligencia», «discriminación racial» y de negar a las comunidades afroamericanas y latinas «justicia medioambiental» al «violar» de forma «sistemática» las leyes civiles y medioambientales de California.
Argumentan que la ciudad aplica una política «discriminatoria» para conceder permisos a las compañías que quieren expandir o iniciar proyectos petroleros. En zonas de mayoría blanca como Beverly Hills o el oeste de la ciudad, se imponen requisitos más estrictos antes de otorgar licencias.
En estas zonas, las compañías utilizan motores eléctricos y deben construir un edificio cerrado para contener las emisiones al exterior, según explicó Wong.
En cambio, en barrios latinos y afroamericanos, no solo hay más pozos, sino que además los requisitos de seguridad son menores, exponiendo a los residentes a un mayor riesgo para su salud.
«Las molestias que estas plantas pueden representar en cuanto a ruido, calidad del aire y otros problemas es real», aseguró a Efe Matt Petersen, jefe de la oficina de sustentabilidad de la ciudad de Los Ángeles.
El funcionario explicó que la ciudad está colaborando con la agencia encargada de la calidad del aire (AQMD) para abordar las quejas de la comunidad. También contratará a un asesor y experto en petróleo.
Por su parte, la directora de comunicación de California Independent Petroleum Association, Sabrina Demayo Lockhart, explicó a Efe que las compañías petroleras deben operar respetando marcos regulatorios estrictos a nivel local, regional, estatal y federal.
«Esto (las quejas) es simplemente un intento camuflado por parte de los grupos que quieren frenar toda la producción energética, lo que solo haría que nuestro estado fuera más dependiente de petróleo importado, producido con pocas o ninguna protección medioambiental», se defendió.
