El lento crecimiento económico y la inflación han sido los principales factores que han incidido en un impacto negativo en el mercado laboral en los países de América Latina y el Caribe (ALC). Para enfrentar esta situación, surge la necesidad de invertir en políticas públicas que persigan un patrón de desarrollo basado en un mayor crecimiento inclusivo y sostenible.
Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) arrojó que los niveles de gasto público en políticas laborales se han contraído al alcanzar un promedio de 0.42% del producto interno bruto (PIB) en 2022.
La entidad destaca que con las políticas de inclusión laboral se busca disminuir la desocupación y la salida de la fuerza del trabajo. En ese sentido, refiere que se intenta proporcionar respuestas a problemáticas más amplias, como la participación laboral de las mujeres, la movilidad profesional y la protección del empleo.
Presupuesto local
La Dirección General de Presupuesto (Digepres) anunció el lunes 8 de enero que para este 2024 se ejecutará el Programa de Aumento del Empleo (PAE), el cual contará con un presupuesto de RD$714.4 millones.
El objetivo es aumentar la ocupación nacional, incrementar el empleo de las personas con discapacidad que están desocupadas y dar mayor participación a las mujeres. Además, promete generar más puestos de trabajo para los jóvenes que no trabajan ni estudian (ninis), en las edades entre 18 y 24 años.
Conforme con los últimos datos de la institución, durante enero-noviembre de 2023 la ejecución por concepto de asuntos económicos y laborales totalizó los RD$29,957.5 millones. De esa cantidad, el 65.2% fue destinado a asuntos económicos y regulación del comercio (RD$19,550 millones), un 3.9% a asuntos laborales generales (RD$1,189.3 millones) y 0.7% en asuntos laborales para fortalecer la autonomía económica de las mujeres (RD$218.2 millones).
En cuanto al desembolso realizado por desempleo, el monto ascendió a RD$705.5 millones, cifra que representa un 0.5% de la ejecución total en protección social, que alcanza los RD$125,660.4 millones.
Inclusión
Datos de la Cepal indican que el 73% del gasto público en políticas laborales ha sido desembolsado por los ministerios de Trabajo, con un aporte del 0.15% del PIB, un 0.10% en las entidades de desarrollo de trabajo y 0.06% por las instituciones descentralizadas de capacitación.
El informe “La inclusión laboral como eje central para el desarrollo social inclusivo” analiza los casos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Tras los efectos negativos de la crisis sanitaria, los ministerios de Trabajo y Hacienda jugaron un papel importante en la ejecución de recursos en políticas laborales. Sin embargo, las estadísticas arrojan una disminución entre 2020 y 2022, pasando de un promedio de 0.32% del PIB a un 0.01%, lo que se traduce en una variación de 0.31%.
En 2018 el gasto público en políticas de inclusión laboral en la región fue un 0.35% del PIB, contando con la participación de distintas entidades económicas. Mientras que en 2020 ascendió a 0.98%, es decir, reflejó un crecimiento de 0.63%. En 2021, el aporte alcanzó un 0.48% del PIB y en 2022 un 0.42%.
Respecto a los países de Centroamérica, México y República Dominicana, la mayor proporción del gasto fue ejecutada por las instituciones descentralizadas de capacitación, que en 2022 alcanzaron un 37% del gasto total.
Gasto público
Los resultados de la Cepal muestran que la distribución del gasto público entre los distintos países, en políticas de inclusión laboral, según tipo de programa, se divide en dos grupos. Uno de ellos se trata de las naciones que centran la mayoría de su gasto en programas de capacitación e incentivos al emprendimiento, como Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, el Paraguay y República Dominicana.
Mientras que el otro grupo enfoca la mayor parte de su gasto en incentivos laborales o en apoyos al ingreso por desempleo, como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay. El estudio destaca a México, nación que en los últimos años ha pasado de concentrar su gasto en incentivos al emprendimiento a dividirlo entre creación directa de trabajo e incentivos laborales.
En tanto, la institución plantea que el empleo y la dinámica de los mercados de trabajo son la clave para enfrentar la desigualdad y fortalecer la movilidad y la cohesión social.
