La minería en República Dominicana, con sus altas y sus bajas, se ha convertido en uno de los sectores de mayor peso y encadenamiento en la economía de las comunidades donde se desarrollan actividades de explotación responsable, siguiendo las normativas locales e internacionales.
Por eso no es casual que, la explotación y exportación de oro, por ejemplo, represente alrededor del 10% de las exportaciones totales de República Dominicana y un tercio de las exportaciones nacionales, cuando se excluyen las de zonas francas. Eso se traduce en empleos directos e indirectos, toda vez que las empresas mineras demandan bienes y servicios de empresas nacionales en constante crecimiento.
Sin embargo, en los últimos años la actividad minera se ha visto en un proceso de desaceleración de sus actividades, lo cual le limita en la posibilidad de aprovechar los atractivos precios internacionales de los productos de vocación exportable que extrae.
De ahí que en los últimos años las exportaciones mineras, si bien se mantienen buena ponderación, se vienen reduciendo en comparación con sus niveles de explotación y ventas externas de los años anteriores.
Pero, ¿por qué se ha ralentizado el sector minero? ¿Acaso se han agotado los recursos de extracción? ¿Los precios internacionales no son atractivos? ¿Qué está pasando? En realidad, ninguna de los cuestionamientos anteriores guarda relación con la desaceleración en las exportaciones del sector minero.
Lo que pasa es que se trata de un sector que debe mantener un vínculo constante con el Estado dominicano, toda vez que se requieren permisos y autorizaciones que involucran a ministerios tan importantes como el de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el de Energía y Minas y hasta el de Industria, Comercio y Mipymes.
De ahí que la minería sea uno de los principales ejemplos de efectiva alianza público privada, pues no es posible su desarrollo sin la participación activa del Estado en su rol de regulador y de facilitador de los procesos que se requieren para una efectiva explotación, siempre preservando el medio ambiente.
La situación se torna difícil cuando el Estado pierde de vista la importancia económica del sector minero, o se deja seducir por aparentes preocupaciones de afección al medio ambiente, cuando en realidad no es el caso, pues no se puede perder de vista que hoy, más que nunca, tanto organismos locales como internacionales son constantes vigilantes de que las empresas mineras cumplan con las normativas de conservación de los recursos naturales.
República Dominicana, por ejemplo, tiene la ventaja de que la mayoría de empresas que opera minas de oro, plata, níquel y otros recursos, tienen prestigio internacional y gozan de notables reconocimientos. Sin embargo, esas empresas requieren de constantes permisos y autorizaciones de parte del Estado para poder darle continuidad a sus labores de exploración y explotación.
Cuando las autoridades oficiales se retrasan en los procesos de respuesta a solicitudes que cumplen con los requisitos legales establecidos, entonces las empresas se ven en la obligación de limitar sus niveles de producción a espera de la rápida respuesta del Estado.
No es posible que, de un lado el Estado se regocije y beneficie de los aportes directos e indirectos que hace la actividad de minería responsable, y de otro, se retrase en los procesos de permisología y autorizaciones rutinarias, por prestarle atención a presiones, muchas veces interesadas, de sectores que se dicen defensores del medio ambiente, aunque no lo sean en realidad.
Que una importante minera como Falcondo se vea limitada en su accionar por lentitud estatal en cumplir con las concesiones contractuales establecidas para su expansión, o que otra de vital peso en la economía como Barrick Pueblo Viejo haya tenido que esperar tanto para que le autoricen una ubicación adecuada para la construcción de una necesaria presa de cola, son factures que inciden en la ralentización que viene sufriendo ese sector.
La minería es desarrollo y tiene la característica de que los recursos mineros tienden a ser más contaminantes cuando no son debida y oportunamente extraídos, por lo que la operatividad de las empresas garantiza, a su vez, una mejor conservación del medio ambiente.
El Estado debe entender que su rol de colaboración, como regulador, pero también facilitador, es lo que puede garantizar un desarrollo adecuado del sector minero.
