Para ser un país donde sólo las recaudaciones del sector minero representan casi RD$30,000 millones y más del 15% de las exportaciones, República Dominicana no se presenta al mundo como un destino que respalde esa industria. Sin embargo, no quiere decir que no trabaje para fortalecerla.
De hecho, actualmente se prepara para una tercera validación del Estándar Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI), un proceso que medirá no solo la divulgación histórica del sector extractivo, sino también su capacidad para responder a nuevas normas que amplían el foco hacia transparencia ambiental, beneficiarios reales y políticas anticorrupción.
Esta media isla caribeña forma parte del grupo de 55 países, 11 de ellos en América Latina, que implementan esa iniciativa, un estándar global que busca fortalecer el acceso público a datos sobre ingresos, contratos, impuestos, flujos financieros y responsabilidades socioambientales del sector. La evaluación que se realizará en 2026 marcará “un punto de inflexión”, ya que el estándar introdujo nuevas provisiones en 2023 que ahora serán parte obligatoria del proceso.
Así lo explicó a elDinero Esteban Manteca Melgarejo, gerente país para América Latina y el Caribe de EITI, quien señaló que la iniciativa “se centra en toda la cadena de valor de las actividades extractivas” y que su propósito es “la divulgación del marco legal, los ingresos que se generan, los pagos que se hacen de impuestos, cómo se manejan esos flujos y la información del impacto social y ambiental en términos financieros”.
A su vez, destacó que el principio fundamental del estándar es que “los recursos les pertenecen a los ciudadanos” y, por tanto, la información debe estar disponible para permitir “un debate público informado sobre cómo se manejan estos recursos”.
Informes
Hasta la fecha, el país ha elaborado cinco informes nacionales que consolidan datos fiscales, contractuales, regulatorios y de gobernanza del sector.
Estos documentos, elaborados cada dos años, forman parte del cumplimiento formal del estándar y están disponibles en la plataforma oficial de EITI República Dominicana. Jessica Buendía Sánchez, oficial de país para América Latina y el Caribe, recordó que en la página “están todos los informes, los cinco informes que ha presentado República Dominicana”, los cuales pueden descargarse íntegramente.
Un rasgo central de EITI es su gobernanza multiactor. Manteca Melgarejo explicó que en cada país existe “un grupo multipartícipe en el que están representados en igualdad de condiciones la sociedad civil, la industria y el gobierno”.
Ese organismo, conocido localmente como la Comisión Nacional EITI RD, define prioridades, aprueba contenidos y discute cuáles informaciones adicionales pueden incorporarse. Buendía Sánchez precisó que, en República Dominicana, los miembros de sociedad civil y de industria “tienen un proceso de elección”, mientras que los representantes gubernamentales permanecen como titulares fijos conforme al decreto que creó la iniciativa en el país.
La validación, que es la herramienta de evaluación periódica de EITI, analiza cómo se implementa el estándar, si la información está disponible, cómo opera la comisión nacional y cuál es el impacto del proceso en el debate público.
Según Manteca Melgarejo, en validaciones anteriores el país “ha salido bastante bien”, aunque persisten aspectos que avanzan más lentos por razones legales o institucionales. Sin embargo, destacó que República Dominicana ha sido “punta de lanza en la divulgación de contratos”, un avance significativo si se compara con otros países de la región. Señaló que “no en todos los países están disponibles los contratos del sector extractivo, y en República Dominicana sí”.
Otro punto en el que el país ha mostrado consistencia es la divulgación fiscal. Los informes consolidan datos sobre la recaudación, las obligaciones económicas de las empresas y los compromisos establecidos en los contratos.
Manteca Melgarejo afirmó que existe “información sobre los pagos, sobre la recaudación fiscal” y que también se documentan “todas las responsabilidades que tienen las empresas”.
Evaluación
La minería no metálica también entró en el radar de la próxima evaluación. Como parte de la misión técnica, en conversación con elDinero se indicó que la comisión realizó un “primer esfuerzo por recopilar información” sobre ese segmento y asumió el compromiso de hacer un análisis más detallado el próximo año, incluyendo su impacto financiero.
Buendía Sánchez explicó que la próxima evaluación usará el estándar EITI 2023, que introduce requisitos adicionales. Entre ellos, que las empresas cuenten con políticas anticorrupción públicas, claridad sobre la propiedad accionaria y mayores prácticas de debida diligencia. También recordó que la validación previa identificó faltantes en materia de estados financieros auditados.
El nuevo estándar incorpora, además, temas de transición energética, emisiones de gases de efecto invernadero, procesos de consulta previa cuando la ley lo exija y medidas de prevención de corrupción. Según Manteca Melgarejo, estos cambios añaden elementos como “información ambiental”, “datos sobre emisiones” y “consulta previa e informada”, que ahora deberán ser divulgados y discutidos dentro del grupo multipartícipe.
De cara a 2026, Manteca Melgarejo explicó que la validación ofrecerá ‘una primera foto’ del avance del país frente a las nuevas exigencias, con énfasis en medir progreso y mejoras en áreas pendientes. pública. Buendía Sánchez añadió que, tras la evaluación, el país recibirá nuevas recomendaciones que guiarán los siguientes años de trabajo, en un proceso orientado a fortalecer la transparencia, la confianza institucional y el debate público.
Retos pendientes
En el sector minero persisten desafíos. Entre ellos, la brecha entre la disponibilidad técnica de la información y su capacidad de llegar a la ciudadanía en un formato comprensible. Según Manteca Melgarejo, uno de los retos es que la información, tal como se publica, puede resultar “muy técnica” o exigir “leer un informe muy largo para poder tomarse con mucha especificidad”, lo que requiere “ser un lector entrenado” para aprovecharla plenamente. Esto ha impulsado debates dentro de la comisión sobre la necesidad de una estrategia más activa para acercar los datos a la población.
Otro desafío recurrente, presente en validaciones anteriores, es la divulgación de beneficiarios reales, es decir, las personas físicas dueñas de empresas extractivas o proveedoras.
Manteca Melgarejo explicó que este punto “ha llevado más tiempo” y sigue siendo un área sobre la cual se analizará el progreso. Este tema es especialmente relevante para el estándar, que considera la información sobre beneficiarios finales como un elemento central para combatir riesgos de corrupción.
