Los dominicanos participamos en un proceso electoral para elegir a nuestros alcaldes. La verdad es que no sé si felicitarlos o no, ya que los resultados muestran que solo obtuvieron menos del 25% de aprobación para nuestros nuevos administradores municipales. Es decir, que más del 75% de la población no emitió su voto para legitimar sus funciones.
El Estado invierte muchos recursos de nuestros impuestos en la organización de las elecciones, y los partidos también destinan esfuerzos y recursos considerables en todo el proceso. Sin embargo, los resultados obtenidos por la sociedad son decepcionantes. Necesitamos evaluar esta situación; y es responsabilidad de nuestros líderes, ya que no estamos avanzando en la dirección correcta para fortalecer nuestra democracia.
Se suponía que la celebración de las elecciones municipales por separado generaría mayor entusiasmo e interés entre los ciudadanos por el bienestar de sus ciudades. Esto debería fortalecer los gobiernos municipales y fomentar una mayor participación en la solución de los grandes problemas que afectan la convivencia en las comunidades. De esta manera, tendríamos funcionarios más comprometidos con las necesidades de sus comunidades.
Todos nos vemos afectados por problemas como el tránsito de vehículos, la gestión de residuos, el tratamiento de aguas residuales, la falta de áreas verdes y estacionamientos, la falta de programas culturales, el desarrollo y la planificación urbana de nuestros barrios, así como la disponibilidad de servicios básicos como mercados, entre muchas otras actividades que dependen de los gobiernos municipales. Por lo tanto, no debemos desentendernos de sus acciones.
Entiendo que la alta tasa de abstención debería motivar a la Junta Central Electoral (JCE), como organizadora de los eventos, a convocar a los partidos políticos para analizar y evaluar las circunstancias en las que se llevan a cabo las elecciones, con el objetivo de lograr una mayor participación ciudadana y un mayor compromiso de los ciudadanos.
Esto también implicaría generar una mayor exigencia y participación en las decisiones tomadas por los gobiernos locales, el Congreso y el Gobierno Central. Esto ayudaría a que los votantes comprendan que son parte tanto de los problemas como de las soluciones del país.
