La lucha contra el fraude laboral en Francia permitió obtener €1.177 millones en 2023 entre contribuciones no declaradas y sanciones, un 49% más que el ejercicio anterior, con una predominancia del sector de la construcción.
URSSAF, el organismo de la Seguridad Social encargado de las cotizaciones, destacó en un informe sobre su acción contra el trabajo en negro que el dinero obtenido gracias a los controles equivale al costo de 500.000 partos, el 74% de los que hubo en Francia el pasado año o 68 millones de consultas con un médico generalista.
Las cotizaciones no declaradas representaron un 69.2% del total (€814 millones) y el 30.8% restante (€362 millones) sanciones de penalización o deducciones improcedentes.
El sector de la construcción por sí solo supuso un 61% del fraude detectado y a mucha distancia quedaron los servicios a las empresas (23%) y el comercio (4.2%).
Los controles a las empresas supusieron el 91% del dinero recaudado y el 9% restante vino de acciones con los autónomos.
En cuanto a las irregularidades detectadas en torno a los trabajadores desplazados, es decir con contratos de otros países, generaron €168 millones por cotizaciones no declaradas o por sanciones. El número de casos se duplicó respecto a 2022.
A comienzos de este año, los servicios antifraude estaban tratando 209 casos de posibles infracciones a la normativa de los trabajadores desplazados, con un valor estimado de €210 millones. Estaban concernidos 18 países de la Unión Europea, en particular Portugal (58 casos), Rumanía (42), Polonia (21) y Luxemburgo (18).
En 2022, URSSAF recaudó €648.300 millones de cotizaciones.
