Existen normativas que regulan y están orientadas a ayudar a las personas que son víctimas de estafas. Una de ellas es la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la cual establece sanciones específicas contra el crimen a través de los medios electrónicos y delitos informáticos.
Sin embargo, cada día surgen nuevas tecnologías engañosas como los deepfakes, una aplicación creada en 2017 y que constantemente se actualiza. A través de esta herramienta de delito, los impostores se hacen pasar por alguien más al modificar imágenes y voces. Esto incluso puede llevar a fraudes bancarios, lo que preocupa al Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (Onpeco).
La Onpeco asegura que los informes de estafas son frecuentes, pero hacer cumplir la ley resulta difícil. Explica que los estafadores a menudo están en prisión y las personas estafadas no reciben respuestas a sus reclamos. La entidad alega que la confianza en las autoridades de protección es muy baja.
Según Daniela Álvarez, gerente general para América Latina en Kaspersky, el año pasado en República Dominicana se registraron cifras alarmantes de ciberataques que indican una nueva realidad preocupante. En su afirmación, hecha en un artículo publicado en la revista Forbes, hubo un promedio de 7.6 ataques de software malicioso por minuto, 962 ataques de ransomware, 17,000 incidentes de troyanos bancarios y 2.2 millones de intentos de phishing. Estos datos cubren el período desde junio de 2022 hasta julio de 2023.
Álvarez considera que este 2024 todas las instituciones dominicanas deben trazarse el propósito de estar debidamente protegidas en materia de ciberseguridad, pues solo así los sectores público y privado se podrán preparar para un crecimiento sostenible y seguro en el año que apenas comienza y que representa grandes desafíos en materia de seguridad informática.
