La presidenta de Perú, Dina Boluarte, recibió más de un millón de soles (US$300.000) en sus cuentas entre 2016 y 2022, época en que fue candidata a la vicepresidencia de la República y luego ministra en el Gobierno de Pedro Castillo (2021-2022), según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) publicados este domingo en un reportaje periodístico.
La UIF de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) ha detectado “movimientos sospechosos” en sus cuentas bancarias entre agosto de 2016 y agosto de 2022, periodo en el que recibió “numerosos depósitos en efectivo y transferencias cuyo origen se desconoce”, indicó el reportaje del diario El Comercio.
La investigación periodística partió desde la denuncia de otro medio de que Boluarte poseía varios relojes de lujo que lucía en las ceremonias oficiales, entre los cuales había un Rolex valorado en US$14.000, razón por la cual la Fiscalía de la Nación le abrió una investigación preliminar por presunto enriquecimiento ilícito.
Hasta 2023, la mandataria peruana ha declarado ingresos en bienes por 462.968 soles (US$126.000) y otros ingresos (los cuales no se especifican) por 593.347 soles (US$161.000), además de su salario mensual como presidenta de 16.000 soles (US$4.300).
Sin embargo, el informe de la UIF detalla que el dinero de más de un millón de soles ingresó a 11 cuentas bancarias, cuatro de ellas mancomunadas.
“En total, los abonos en efectivo que recibió en las cuentas son por 1.097.200 soles y US$2.200. Ambas cifras suman 1.1 millones de soles”, precisó El Comercio.
De acuerdo al reporte de inteligencia financiera, las transferencias por 274.848 soles (US$74.800) no tendrían “una justificación económica que las respalde”.
En conclusión, la UIF señala que la información económica declarada por Boluarte entre 2016 y 2022 “no sustentaría las operaciones detalladas” y que los titulares mancomunados de sus cuentas no registran declaraciones juradas de ingresos.
Por ese motivo, la UIF sostiene que las operaciones registradas por la mandataria “podrían estar ligadas al delito de lavado de activos”, según el reportaje.
La jefa de Estado, desde diciembre de 2022, es investigada además por lavado de activos por el caso de los aportes al partido Perú Libre (PL), fundado por el prófugo Vladimir Cerrón, en el que militó hasta 2022.
Los movimientos económicos de Boluarte se remontan a los años en que fue funcionaria del Registro Nacional de Identidad Civil (Reniec) en 2016.
En las siete cuentas individuales recibió 180.143 soles y US$2.200 hasta 2021, año en el que se postuló a la vicepresidencia por Perú Libre, precisó El Comercio.
Hasta las elecciones de 2021, Boluarte fue jefa zonal del Reniec, con un sueldo mensual bruto de 4.500 soles (US$1.200), según el portal de transparencia de la entidad, pero la mayor cantidad de depósitos en efectivo se hizo en las cuentas mancomunadas.
La cuenta que recibió más depósitos fue la que mantuvo con Néstor Amado Camargo, cuando compartió el consejo directivo del Club Departamental Apurímac (CDA) en los períodos 2017-2019 y 2019-2022.
Además, en 2018, Boluarte se postuló a la Alcaldía del distrito de Surquillo en Lima y también recibió otro monto en sus cuentas.
En la última declaración jurada hecha por Boluarte ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no informó sobre unos 300.000 soles (US$81.700) que mantenía en las cuentas bancarias, aunque sí lo hizo sobre su casa, su vehículo y sus ingresos de 2018.
Amado declaró a El Comercio que el dinero detectado en una de las cuentas mancomunadas pertenece al club departamental Apurímac, pues Boluarte ejerció la presidencia de esa asociación.
Sin embargo, el reporte de la UIF indica que el club Apurímac reportó ingresos menores en ese periodo.
Por su parte, el jefe de campaña de Boluarte en las elecciones generales de 2021, Teodoro Berrú, dijo que Boluarte usó la sede del club en Lima para sus reuniones políticas y recibir donaciones de empresarios.
Otras cuentas mancomunadas están a nombre de Víctor Torres Merino, que fue contratado en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social cuando Boluarte fue titular de esa cartera, y de Braulio Grajeda, exviceministro de Gobernanza Territorial y desde la cual la hoy mandataria transfirió un monto de dinero para que el fundador de Perú Libre pague una reparación civil en uno de sus procesos por corrupción.
