El presidente de la Unión Nacional de Empresarios (UNE), Leonel Castellanos Duarte, consideró que el reglamento de aplicación de la Ley de Compras y Contrataciones 340-06, recientemente promulgado por el presidente Luis Abinader, será una herramienta útil para combatir las prácticas desleales que se ejercen en las compras estatales, y que van en detrimento de una competencia justa y sana en el mercado corporativo.
Según el dirigente empresarial, con la aplicación del nuevo reglamento se establecerán nuevos criterios de evaluación que generarán mayor equidad en la competencia empresarial y apegada a las normas éticas y legales establecidas en la ley.
Castellanos Duarte exhortó a las instituciones del Estado a ser más minuciosas en la depuración de los oferentes, especialmente cuando se trate de estamentos especializados en áreas determinadas y sensibles cuya naturaleza se relacione con la seguridad estatal o vidas humanas.
“Por ejemplo, entre estas podemos citar sectores de medicamentos, electricidad, alimentos, bebidas, equipos especializados, entre otro”.
“En este punto, es imperativo que las empresas oferentes posean experiencia probada y una marcada trayectoria en el área licitada, con miras a evitar que agrupaciones improvisadas, pero con disponibilidad de recursos, atraídas por el capital participen sin la adecuada experiencia e incurran en muchos errores con el producto o servicio a ofrecer, lo que en ocasiones termina empañando la gestión de la institución”, enfatizó el presidente de la UNE.
Señaló, asimismo, que la organización valora con beneplácito que el reglamento considere aspectos tan relevantes como la modalidad “Valor por Dinero’, en la que el menor precio no sea un indicador de la mejor decisión para la adjudicación, sino otros criterios sustentables de evaluación como la sostenibilidad, vida útil y calidad del producto, como la facultad de la institución contratante de comprobar la veracidad de las fichas técnicas presentadas por el oferente, estableciendo régimen de consecuencia cuando se determine que hayan alteración o falsificación de documentos.
“De lo que se trata es que esta herramienta contribuya de manera positiva a una competencia justa, eficiente, de sostenibilidad y simplificación de los procesos de compras estatales”, subrayó.
Refirió, finalmente, que con la promulgación de este reglamento las entidades contratantes optimizaran los recursos estatales, a través de los criterios de evaluación de los procesos de compras gubernamentales sobre la base de las necesidades de la institución y abre oportunidades para que más empresas participen en dichos procesos.
