Los Veintisiete han acordado la prórroga hasta junio de 2025, de la exención de aranceles, contingentes y otras barreras comerciales a las importaciones procedentes de Ucrania, aunque con salvaguardias para proteger el mercado de la UE de posibles disrupciones, tras realizar las concesiones que reclamaba Francia para su activación.
Este “freno de emergencia” afecta a productos “sensibles” para algunos Estados miembro, como la carne de aves de corral, huevos, azúcar, avena, maíz, sémola y miel, según el acuerdo al que llegaron el Consejo y el Parlamento el pasado 20 de marzo.
El mecanismo se incluyó para garantizar que se puedan tomar medidas correctoras rápidas en caso de perturbaciones significativas en el mercado de la UE o en los mercados de uno o más Estados miembro.
Su objetivo es el de estabilizar las importaciones en los volúmenes medios de importación, de modo que si el flujo de los productos procedentes de Ucrania superara esos umbrales, se volverán a imponer aranceles para garantizar que las importaciones no sobrepasen “significativamente” las cifras de años anteriores.
El compromiso alcanzado a nivel de embajadores –aún pendiente de adopción por parte de los colegisladores– mantiene las disposiciones del acuerdo previo con una excepción: el periodo de referencia para activar de nuevo los aranceles se ha ampliado del plazo inicial 2022-2023 hasta el segundo semestre de 2021, como reclamaba Francia, lo que reduce el umbral para imponer barreras comerciales.
Fuentes diplomáticas francesas han destacado que ha habido un “gran apoyo” a la ampliación del período de referencia, a pesar del “descontento” de algunos Estados miembro y, pese ha haber alcanzado un compromiso en la reunión de este miércoles, Francia ha reiterado su deseo de que la lista de productos sonsiderados “sensibles” se amplíe al trigo y la cebada.
Asimismo, se ha introducido un “refuerzo” de algunos términos de la declaración de la Comisión sobre el uso de medidas de salvaguardia en caso de desequilibrios del mercado.
Dado que esta revisión supone un cambio con respecto al acuerdo provisional alcanzado con el Parlamento Europeo, deberá solicitarse de nuevo la aprobación de la Eurocámara, mientras que fuentes diplomáticas apuntan a que los trabajos deberán avanzar “rápido” para que la prórroga pueda llegar a tiempo, antes del 6 de junio, cuando expira la exención en vigor.
Aunque “técnicamente” esta medida no supone costes adicionales para Ucrania, fuentes europeas calculan que puede tener un impacto de unos €86 millones en comparación con la propuesta anterior, lo que supone un total aproximado de unos €330 millones.
