Para convertir el notable crecimiento económico de la última década en desarrollo verdaderamente sostenible que beneficie a toda la población, República Dominicana necesita con urgencia una reforma fiscal y tributaria integral. Esta reforma es vital para fortalecer las finanzas públicas, fomentar la transparencia y eficiencia del gasto, incrementar los ingresos del Estado y lograr una distribución de ingreso más equitativa.
A pesar del dinamismo económico, persisten brechas y desafíos de desarrollo. República Dominicana enfrenta un doble déficit. Por un lado, un déficit fiscal crónico debido a ingresos tributarios que apenas alcanzan el 14.5% del PIB, muy por debajo del promedio regional de 21.7%. Esto limita la capacidad del Estado de proveer servicios públicos de calidad. Por otro lado, un déficit social. A pesar de avances en la cobertura de servicios básicos, aún existen rezagos en calidad educativa y salud primaria. Por ejemplo, según las pruebas PISA 2022, el 92% de los estudiantes dominicanos no alcanza las competencias mínimas en matemáticas, comparado a un 75% en la región. Además, el 43% de la población está en riesgo de caer en la pobreza, ya sea por un choque económico, como la pandemia, o por falta de preparación ante fenómenos naturales. La amenaza es latente, ya que el país se encuentra entre los más vulnerables del mundo a los efectos del cambio climático.
La baja recaudación se debe principalmente a dos factores. Primero, una alta evasión tributaria, estimada en más del 40% para los impuestos principales. Segundo, un sistema impositivo complejo y plagado de exenciones y tratos preferenciales que erosionan la base tributaria. Más del 50% del consumo queda exento del ITBIS, el IVA dominicano. Además, estos beneficios fiscales favorecen desproporcionadamente a los sectores de mayores ingresos, agravando la desigualdad.
Para abordar simultáneamente este persistente doble déficit fiscal y social, es necesario aumentar los ingresos públicos mediante una reforma tributaria, además de seguir mejorando la eficiencia del gasto público. Para revertir esta situación, proponemos una reforma tributaria basada en tres pilares:
1. Seguir fortaleciendo la administración tributaria para reducir la evasión. Esto incluye medidas como la digitalización de procesos, la facturación electrónica obligatoria, mejoras en fiscalización y mayores sanciones para el incumplimiento.
2. Simplificar el sistema impositivo y reducir exenciones. Es necesario racionalizar los tratos preferenciales, tanto de empresas como de personas físicas, y ampliar la base de los principales impuestos como el ITBIS. Los beneficios tributarios deben ser la excepción y no la regla, y focalizarse en sectores estratégicos.
3. Mejorar la progresividad de la estructura tributaria. Junto con eliminar beneficios regresivos, se debe fortalecer impuestos directos como el impuesto sobre la renta personal. También se pueden explorar impuestos selectivos a bienes de lujo o ambientalmente nocivos.
Esta reforma tributaria integral es un paso ineludible para construir un modelo de desarrollo más sostenible y equitativo. Permitirá robustecer los ingresos fiscales para que el Estado pueda realizar las inversiones sociales y productivas impostergables. Cerrar el doble déficit fiscal y social de República Dominicana requerirá liderazgo político y una amplia concertación social, pero los beneficios de mediano y largo plazo claramente superan los costos. Desde el BID, estamos comprometidos a apoyar al país en esta importante agenda de reformas para convertir el actual ciclo de crecimiento en verdaderas oportunidades de progreso para toda la ciudadanía.
Por: Eric Parrado Herrera, economista jefe y gerente general del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y Marta Ruiz-Arranz, asesora económica principal en el Departamento de Países de Centroamérica, Haití, México, Panamá y República Dominicana del BID.
