El Gobierno de EE.UU. estableció este miércoles la junta de control fiscal para Puerto Rico, contemplada dentro de la ley “Promesa”, con el nombramiento de sus siete miembros con derecho a voto, tres demócratas y cuatro republicanos elegidos por el presidente Barack Obama en consenso con los líderes del Congreso.
Cuatro de esos miembros son de origen puertorriqueño y el octavo integrante es el gobernador de la isla, Alejandro García Padilla, quien tiene voz pero no voto en la junta, creada en virtud de la ley llamada “Promesa” para caminar hacia la reestructuración de la deuda de más de 70,000 millones dólares de Puerto Rico.
La Casa Blanca anunció en un comunicado a los elegidos por el presidente Barack Obama, que son Ana Matosantos, José Ramón González y Arthur González, del lado demócrata, y Carlos García, José Carrión, Andrew Biggs y David Skeel del republicano.
La ley “Promesa”, aprobada por el Congreso de EE.UU. y firmada por Obama el pasado 30 de junio, da un margen de unos meses al Gobierno local para reestructurar su deuda sin que los acreedores puedan demandarlo.
A cambio, la ley establece la imposición de una junta federal de control fiscal que supervisará la actividad gubernamental y las finanzas.
La primera tarea de esa junta será revisar y certificar el plan fiscal que el gobernador de la isla prevé presentar hacia mediados de septiembre, según detalló bajo el anonimato un alto funcionario estadounidense al destacar la “urgencia” de comenzar a trabajar de inmediato.
En un plazo de 30 días, la junta debe nombrar a su presidente, contratar a personal y abrir una oficina para centralizar sus operaciones.
En el comunicado divulgado por la Casa Blanca, Obama destacó que la tarea que le queda por delante a Puerto Rico “no es fácil”, pero mostró su confianza en que la isla está “preparada para el desafío de estabilizar la situación fiscal, restablecer el crecimiento y construir un futuro mejor para todos los puertorriqueños”.
Según Obama, la junta tendrá que establecer “un proceso abierto para trabajar con el pueblo y el Gobierno de Puerto Rico”.
Por su parte, el secretario del Tesoro de EE.UU., Jacob Lew, enfatizó que el Gobierno de Puerto Rico sigue teniendo la “responsabilidad principal” de desarrollar un plan fiscal acorde con las exigencias de la ley “Promesa” para presentarlo a la junta de supervisión “lo antes posible”.
La selección de los miembros de la junta por parte de la Casa Blanca se hizo en colaboración con los líderes de las mayorías republicanas en el Senado y la Cámara Baja, Mitch McConnell y Paul Ryan, respectivamente, y de las minorías demócratas, Harry Reid y Nancy Pelosi.
Ryan destacó, en otro comunicado, que los miembros de la junta “tienen lo que se necesita para servir a Puerto Rico y ayudar a poner a ese territorio en el camino hacia la salud fiscal”.
Los cuatro designados de origen puertorriqueño son Carlos García, expresidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico; José Carrión, ejecutivo de seguros; José Ramón González, presidente del Federal Home Loan Bank de Nueva York; y Ana Matosantos, exdirectora de presupuestos del estado de California.
El grupo de elegidos lo completan Arthur González, exmagistrado principal del Tribunal de Quiebras para el distrito sur de Nueva York; David Skeel, profesor de derecho de la Universidad de Pensilvania; y Andrew Biggs, del American Enterprise Institute.
Hoy decenas de personas se manifestaron en Puerto Rico contra la la ley “Promesa” y la imposición de la junta de control fiscal, ya que consideran que ambas atentan contra la población de la isla.
Dentro de EE.UU., algunos senadores como el demócrata Robert Menéndez o el independiente Bernie Sanders, excandidato a la Casa Blanca, han calificado esa ley como “colonialista” e “intervencionista”.
Puerto Rico, que arrastra una deuda de más de 70.000 millones de dólares, es territorio estadounidense desde 1898 y se define como Estado Libre Asociado al país, con Constitución propia y un importante grado de autonomía.
Sin embargo, Puerto Rico no puede acogerse a la Ley de Quiebras estadounidense, ya que dicha norma no considera a la isla como un estado más de la nación norteamericana, y la Justicia federal ha visto inconstitucional una medida que el Gobierno local aprobó para establecer su propio mecanismo de bancarrota.
