[dropcap]¿[/dropcap]Está dispuesto el Gobierno a eliminar las instituciones que no brindan servicio y a reducir de tamaño aquellas que son ineficientes y/o tienen más empleados de lo que deberían? ¿Están dispuestos determinados sectores empresariales a renunciar a exenciones que, en muchos casos caprichosas, otorga el Estado y, con ello, contribuir a la eliminación del gasto tributario?
¿Podrían los trabajadores desprenderse de un porcentaje mayor de sus ingresos para pagar más impuestos, siempre que el Estado garantice que su hijos tendrán mejor educación, servicios de salud eficientes, agua potable permanente y energía eléctrica -y esta vez en serio-, 24 horas, transporte limpio, ordenado y barato? ¿Están los empresarios dominicanos dispuestos a sacrificarse y, en ese sentido, evadir en menor medida el pago de impuestos que deben realizar periódicamente al fisco?
Las anteriores son algunas de las interrogantes que estarán en la mesa de discusión cuando se inicien los debates en el país sobre el Pacto Fiscal.
Como mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Pacto Fiscal se asume como uno de los consensos más esperados en la historia reciente dominicana, pues se supone que lo que allí se acuerde e implemente, transformará el sistema impositivo, impactará en el modelo económico y en los sectores productivos y, por vía de consecuencia, en el futuro de los dominicanos.
Una de las cuestiones alrededor del Pacto Fiscal que aun inquieta a la mayoría está vinculada al nivel de sacrificio a que están dispuestos los agentes económicos para posibilitar que exista consenso y que conduzca a cambios reales y profundos a nivel de la gestión de las finanzas públicas, tanto del lado de los impuestos como de la óptica del gasto público.
Es obvio que el Estado puede darse el lujo de continuar reproduciendo pobreza porque sus recursos son insuficientes para solventar la deuda social que se tiene con las pasadas generaciones, ni para atender la demanda creciente de quienes inician el camino por la vida.
Tampoco es sostenible que no se puedan otorgar incentivos a la pequeña y mediana empresa –más allá del financiamiento- y que permanezca la figura del anticipo que tanto daño causa a los negocios pequeños. Tampoco se puede vivir con un Estado tan grande y tan gastador, mientras el sistema de seguridad social, y los pobres que lo utilizan, agonizan al mismo tiempo.
Es hora ya de que la institucionalidad tome las riendas del país, y esto puede muy bien puede empezar con un gran Pacto Fiscal.
