Las crisis en América Latina se reflejan en las solicitudes de asilo en España, que encabezan quienes llegan de países como Venezuela, Colombia y Perú pero con suerte dispar, con más fortuna para venezolanos, hondureños, nicaragüenses y salvadoreños que para colombianos, peruanos o cubanos.
La violencia, la inestabilidad política, los problemas en la economía y también las emergencias climáticas en Latinoamérica se citan en un informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
El estudio destaca que Venezuela, Colombia y Perú suman casi el 79% de las 163,220 peticiones registradas en 2023.
Sobre todo Venezuela, con 60,534 solicitantes, un 32% más que el año anterior, de acuerdo a este análisis a partir de datos oficiales.
Casi el cien por cien de los venezolanos que solicitaron protección en España por razones humanitarias lo lograron, con 40,674 resoluciones a favor el año pasado, en consonancia con un llamado de Naciones Unidas para que sean acogidos quienes emigran de Venezuela.
Sin embargo, de quienes llegaron de Colombia fueron registradas 53,564 solicitudes, casi un 49% más, pero solo el 4.5% consiguió algún tipo de protección, “a pesar de las graves amenazas que sufren activistas y líderes comunitarios en este país, entre otros perfiles de riesgo”, advierte CEAR.
Algo similar sucede con Perú, con 14,308 solicitantes, con un incremento del 60%, lo que evidencia “el deterioro político y la espiral de violencia generalizada que atraviesa este país”, pero apenas un 2.5% obtiene protección.
Le sigue Honduras con 3,685 solicitudes, el 22% más, pero en cambio en este caso el 22% sí lo lograr la protección internacional, pues “muchas de estas peticiones de asilo están motivadas por la violencia de las maras”, destaca CEAR.
Y después Cuba con 3.082, un 54% más, “reflejo de la crisis política y humanitaria” en el país, pero solo el 3.7% tienen éxito, señala.
Tras Marruecos figura en séptimo lugar Nicaragua con 2,759 peticiones, en este caso con un “significativo incremento del porcentaje de reconocimiento hasta un 64%”, atendiendo “a la violencia política que azota este país”, destaca esta organización.
Ya en décimo lugar se sitúa El Salvador con 1,377, un 8.2% menos pero con un 35.4% de peticiones resueltas a favor, un “avance en la protección frente a la violencia de las maras”, subraya el informe.
CEAR observa que siguen en aumento el número de solicitudes pendientes, pues en 2023 se acumularon 191,095, en especial de Colombia (30,527), Venezuela (11,931) y Perú (11,053), pero también de Cuba (3,615), Nicaragua (3,603), Honduras (3,328) y El Salvador (1,539).
