[dropcap]E[/dropcap]l Congreso de Estados Unidos no aprobará medidas para atender la crisis económica de Puerto Rico durante la actual sesión pre-eleccionaria.
Aunque la ley federal de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica (Promesa) obliga al senador Orrin Hatch, presidente del Grupo de Trabajo (Task Force) sobre la Economía de Puerto Rico, a someter un informe preliminar a Cámara y Senado sobre medidas urgentes para lidiar con la isla, someterá solamente un informe de estatus sobre los trabajos.
“Anticipo que el informe preliminar va a ser básicamente un informe sobre el estatus de los trabajos del Task Force. Aunque probablemente el informe no incluya recomendaciones específicas en esta etapa, eso no se significa que los miembros del grupo tengan que esperar hasta finales del año para interceder a nuestro favor, tanto en el Congreso como en la rama ejecutiva del gobierno federal”, sostuvo el comisionado residente Pedro Pierluisi.
La Cámara recesará sus trabajos el 30 de septiembre y el Senado hará lo propio el 7 de octubre. Ambas cámaras regresarán a sus labores luego de las elecciones pautadas para el 14 de noviembre.
Luego que Hatch someta su informe inicial, el grupo de trabajo debe someter no más tarde del 31 de diciembre a Cámara y Senado un informe sobre los impedimentos y cambios que deben de ocurrir en leyes federales para promover el crecimiento económico de la isla, promover el acceso a fondos federales y aquilatar el impacto de una orden administrativa local relacionada a los suplementos naturales.
Eso no sirve de ayuda para Puerto Rico que enfrenta una crisis de grandes proporciones en el área de salud en el 2017. Debido a que Puerto Rico recibe menos fondos federales para salud que otros estados, se enfrentará a la disyuntiva de recortar servicios de Medicaid o pagar $1,800 millones una vez que una subvención de Obamacare se agote el próximo año.
Sobre dos millones de habitantes reciben servicios a través deMedicare, Medicare Advantage (MA) o Medicaid. El colapso de Medicare Advantage podría ocasionar una migración de pacientes al programa local de Mi Salud, que resultaría en gastos adicionales que se estiman en entre $400 millones y $800 millones.
Asignación de fondos federales
“Pienso que en este momento el asunto que debe tener la mayor prioridad para Puerto Rico en el Congreso es la asignación de fondos federales tanto para nuestro programa de la Tarjeta de Salud como para los esfuerzos en curso para combatir el zika.
Por lo tanto, voy a continuar reclamando que se atiendan ambos asuntos en todos los foros disponibles, incluyendo el Task Force, el hemiciclo de la Cámara federal, reuniones con el liderato Congresional y funcionarios clave de la administración del presidente Obama, hasta que logremos el cometido”, sostuvo el comisionado residente Pedro Pierluisi en declaraciones a este diario.
