Al salir del país a estudiar en 1991 a Washington D. C. me encontré de frente con un debate que polarizaba la nación estadounidense: la discriminación desde el estado. El primer día en la clase inicié con la materia Ley de la Comunidad Europea. El profesor nos recibió con la instrucción de participar en tribunal ficticio para estudiar un caso en el que dos ciudadanas irlandesas demandaron a este país frente a las cortes de la comunidad económica por prohibirles cruzar la frontera con Gran Bretaña.
Irlanda esgrimía que éstas iban a realizar un aborto a la menor de ellas, embarazada por una violación escolar, cuya familia prefería manejar en secreto. Para Irlanda, permitir el viaje implicaba “descuidar la salud moral de la ciudadana” y “no proteger al ciudadano irlandés en su útero”. La familia rápidamente demandó al gobierno irlandés, primero ante sus propias cortes y luego frente al sistema de justicia europeo. Algo que, a priori, pareció a la clase descabellado y extremista. Más nos sorprendió que la corte asumiera el caso el mismo día que le fue sometido y lo declarara de urgencia.
Todo lo que el profesor John Paul – jurisconsulto estadounidense en temas de ley de la comunidad económica europea – nos dijo antes de despacharnos fue que, como en la vida real el caso había sido declarado de urgencia, deberíamos estar listos al siguiente día para discutir nuestros alegatos y pidió voluntarios para representar ambas partes del conflicto. Un “dominicanito” inocente levantó la mano para ofrecerse a defender a Irlanda en su decisión de proteger la vida de sus ciudadanos no-nacidos y arrancó para la biblioteca.
Sin caer en los pormenores del caso, al igual que Irlanda, perdí de manera vergonzosa. Los argumentos que esgrimí -comparando el cruce a un crimen transfronterizo en contra de intereses irlandeses, por lo que el estado irlandés tenía un legítimo derecho en tratar de detenerlo- no voló frente compañeros de todas partes del mundo que jugaban otros papeles en el tribunal. Yo, como Irlanda, ofuscado por creer mis argumentos moralmente superiores, olvidé incluir en mi estrategia las especificidades del caso.
El aborto era recomendado por doctores irlandeses del sistema público estatal (así se enteraron los sistemas de seguridad del estado del viaje de éstas), las ciudadanas eran dos hermanas, una de ellas menor, conocidas en sus escuelas y barrios por su apego a las tradiciones y a la religión; sus padres apoyaban el viaje; el tránsito entre Irlanda y Gran Bretaña ha sido abierto por cientos de años. Los mismos doctores no se negaron a testificar frente a la corte, a pesar de jugarse su trabajo al hacerlo, su recomendación del procedimiento debido al alto riesgo que el mismo provocaba para la salud específica de la joven, así como lo visiblemente marcada psicológicamente por la violación que había quedado la adolescente.
Conocidos los hechos, la corte se planteó dos preguntas: ¿Podía el gobierno irlandés detener a dos ciudadanos de ejercer el derecho de cruzar una frontera mientras lo permitía a otros porque en su territorio penalizaba unas acciones no penalizadas en el extranjero y que anticipaba eran la razón del viaje de aquellos al extranjero? ¿De llegarse a la pregunta del aborto, qué derecho debía prevalecer, el de la ciudadana madre o el del ciudadano en su vientre?
La corte “bajó” en menos de una hora diciendo que entendía que el verdadero motivo de la decisión de los organismos que controlan la migración irlandesa no era la “salud moral de la joven”, ni “la protección de los derechos del ciudadano no nacido” si no un juicio previo acerca de la joven y lo que iba a hacer fuera que generaba que se le aplicara la ley de forma distinta para que a los otros ciudadanos de este país. “Prejuicio” que la corte consideraba se convertía en una “discriminación” estatal intrínsicamente injusta pues oficiales a lo interno del estado diferenciaban ciudadanos entre “buenos” y “malos”, de acuerdo a principios éticos personales y religiosos, olvidando que aplicar la ley de manera uniforme a todos los ciudadanos era la obligación que asumían éstos al tomar posesión de sus cargos.
En este sentido decidió 1) dejar a las hermanas en libertad de cruzar libremente la frontera y 2) prohibir al estado irlandés ejercer en éstas ningún nivel de vigilancia superior al ejercido frente a los otros ciudadanos que diariamente cruzan dicha frontera. Frente a la legalidad o ilegalidad del aborto, el tribunal se negó a opinar pues decía que la decisión estaba protegida por el derecho a la privacidad que cubría tanto a la adolescente como a sus padres en una decisión que la corte reconocía tanto rol para el estado como aquel que le dieran los padres de la joven.
Si el aborto se hizo o no, nunca se supo (la identidad de la joven siempre fue protegida). Lo que si pasó es que el gobierno irlandés, avergonzado frente a sus congéneres europeos, a partir de ese momento, hizo esfuerzos para que sus funcionarios y oficiales trataran a sus ciudadanos siempre de manera similar, independientemente de cualquier condición o perfil.
Este cambio, como dijimos en nuestro artículo anterior, precedió también el milagro económico de Irlanda que pasó de ser un país de grandes inequidades y pobreza económica en los 80s, a uno de los destinos para los profesionales de todas partes del mundo buscando mejora económica en los 90.
¿Cómo es esto relevante entre nosotros? El proyecto de código penal que hoy nos amenaza crearía entre nosotros ciudadanías visiblemente distintas: por condición laboral (si eres militar serías juzgados por otros militares y no por la justicia ordinaria), por creencias religiosas (si eres cristiano tu lugar de culto estarías exonerado de responsabilidad penal y si eres judío o musulmán el tuyo no) y otros 40 puntos que no detallo porque ya lo he hecho en otros espacios.
De acuerdo con nuestra constitución, todos somos iguales ante la ley. El Estado Dominicano no goza de una Unión Europea que lo traiga a su propia legalidad por lo que a la ciudadanía le corresponde la carga pesada de elegirlos, pagarlos y tener que cuidar que hagan lo que tienen que hacer. Por lo que, esto de pasar este proyecto, de forma tan rápida como impositiva, debiera ser asumido como evidencia del secuestro del Estado Dominicano por una partidocracia, algo que también hemos dicho anteriormente, que no parece poder separar sus intereses, de los de su partido, de los del pueblo. En este sentido, es menester aclarar, los legisladores son electos para representar los intereses de una localidad y desde ahí consensuar con los demás representantes de otras localidades para dictar leyes que creen un “terreno de juego” justo para todos y todas, en todo el país. Los legisladores no son electos para cuidar que sus partidos sean reelectos en el futuro o para crear castas privilegiadas hereditarias, por encima del imperio de la ley.
El proyecto de código penal, que aún no es ley, crearía dominicanos distintos y nos atrasaría en nuestro camino al desarrollo. Por estas razones, el PRM en general y el presidente Abinader en particular, deben asumir el liderazgo de llevar a su Congreso a la compresión de su propio rol y de hacer ley, no como un vehículo de exclusión política, social y económica, sino como uno de inclusión y cohesión para todos y todas en la República Dominicana.
Llevarlos a entender la ley no como una expresión de la “superioridad moral” de unos versus otros o como un mecanismo de imposición de un “estilo de vida”, si no como el mecanismo que usan las democracias para respetando diferencias individuales caminar unidas como nación.
