El uso de nuevas tecnologías en las funciones públicas ha sido favorable para la prevención de la corrupción, transparencia en los procesos de compras públicas, eficiencia de los servicios, la supervisión e inclusión financiera, sostuvieron el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., y Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones Públicas.
Los funcionarios participaron en la apertura del XVII Congreso Internacional de Finanzas y Auditoria (CIFA) y el XXII Seminario Latinoamericano de Contadores y Auditores (Selatca), que organizan la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y BDO Escuela de Negocios, con el título “Descifrando la encrucijada de la inteligencia artificial en la auditoría y las finanzas”.
Fernández W. habló sobre SupTech y RegTech, términos que agrupan los adelantos y herramientas implementados en la entidad para monitorear las actividades de las instituciones financieras, detectar riesgos sistémicos, asegurar el cumplimiento de las normativas, garantizar los derechos de los usuarios, fomentar la educación y la inclusión financiera.
“Nuestro objetivo para 2025 es cumplir con el estándar de tercera generación en tecnología de supervisión, utilizando inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas”, sostuvo Fernández.
Por otro lado, se mostró satisfecho con los resultados y el nivel de cumplimiento de la Ley de Compras y Contrataciones en la institución, a la cual la institución se adhirió voluntariamente. “Ningún proveedor o contratista puede hablar directamente con el superintendente; existe un comité de compras del cual no soy miembro. Todo se hace conforme a los lineamientos”, sostuvo.
Las contrataciones públicas como motor de desarrollo
Durante el Congreso CIFA-SELATCA, el director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, afirmó que una de las áreas de más riesgo de corrupción en el Estado Dominicano son las contrataciones públicas, por lo que debe haber medidas para prevenir, controlar y sancionar este mal.
Sin embargo, puntualizó que la finalidad primordial de este mecanismo es convertirse en política de desarrollo. “Las contrataciones públicas en sí no son un sistema anticorrupción, sino que deben traducirse en políticas que aporten al desarrollo, con mecanismos para asegurar la transparencia y el control”, indicó.
Destacó la importancia de que recientemente el Senado haya aprobado en primera lectura el Proyecto de Ley sobre Compras y Contrataciones Públicas, que procura mecanismos y controles para que las contrataciones sean eficientes y garanticen transparencia y control.
Explicó que esta ley se complementa con el Reglamento Núm. 416-23 de Contrataciones Públicas para la Prevención de la Corrupción, que conlleva una serie de innovaciones y organiza este régimen de contrataciones con mayor claridad y precisión.
“Se debe considerar una mirada de criterios sostenibles, sociales y económicos que, en una combinación de criterios, permita al Estado contratar lo que necesita, de la calidad que necesita y al precio más justo”, expuso el funcionario.
Precisó que, desde la Dirección General de Contrataciones Públicas se contemplan disposiciones para dar seguimiento a la gestión de los contratos en la administración pública: “Estamos planteando la necesidad de crear la figura del oficial de contrato, que pueda dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales”, dice Pimentel.
Pimentel sostuvo que el fin de las contrataciones es que “el 32% del presupuesto general a la nación, que está destinado para contratar bienes, servicios y obras, se convierta en un motor de dinamización de la economía en todo el territorio nacional”.
