Los conceptos “suptech” y “regtech” podrían ser desconocidos para la generalidad de la población. Sin embargo, son dos términos familiares en el ámbito de las entidades financieras, tales como bancos, asociaciones de ahorros y préstamos, así como gestores de inversión y mercado de valores, entre otros.
Las nuevas regulaciones, actualizaciones de normas locales e internacionales y la rápida digitalización del sector financiero, agregándose el aumento de ciberdelitos, retan cada vez más la capacidad de respuesta de las instituciones para mantenerse actualizadas. Es en este contexto que surgen las regtechs y suptechs, las cuales apoyan el proceso de cumplimiento y supervisión de los agentes.
El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández Whipple, participó en el Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría (CIFA) y Seminario Latinoamericano de Contadores y Auditores (Selatca), organizado por la Asociación de Bancos Múltiples (ABA) y DBO, celebrado del 19 al 21 de este mes en Punta Cana.
Fernández Whipple, cuya ponencia tituló “El recorrido y la apuesta a futuro de la Superintendencia de Bancos”, explicó las diferencias entre las suptech y regtech, destacando su importancia para que el sector financiero sea funcional, eficiente y se mantenga actualizado respecto a las exigencias cada vez más complejas que debe enfrentar el sector.
Supervisión
Señala que, por un lado, está el suptech, que es un acrónimo de tecnología para la supervisión y de cómo los reguladores y supervisores se apalancan en la tecnología para monitorear las actividades de las instituciones financieras, detectar riesgos sistémicos y asegurar el cumplimiento de las normativas.
Del otro lado está regtech. El funcionario explica que es un acrónimo de tecnología para el cumplimiento regulatorio y de cómo las entidades supervisadas pueden, mediante su uso, utilizar la auditoría y la gestión de riesgo, así como otras funciones administrativas, que deben realizar. “Este término incluye también a las empresas de fintech que ofrecen este tipo de aplicaciones”, apunta.
El superintendente señala que, de ambos términos, de manera más estructurada, depende el objetivo, enfoques y los usuarios principales. Especifica que “suptech” está enfocado en apoyar la labor de los reguladores y los supervisores para monitorear el sector, mientras que “regtech” ayuda a las instituciones financieras a cumplir con las regulaciones, a fin de gestionar el riesgo de cumplimiento.
“Cuando hablamos de suptech tenemos dos maneras de clasificarlo. Vemos una clasificación, según las áreas de enfoque. Por un lado, está la supervisión prudencial (prevención de lavado, supervisión de conducta del mercado, riesgo de ciberseguridad) y, por otro lado, están los temas bancarios de maneras más amplia, donde se incluyen temas de todo el sector financiero, como es la supervisión del sistema de pagos, del sector asegurador y también del mercado”, explicó Fernández Whipple.
Otra de las formas que el superintendente de Bancos explica en que se puede clasificar la suptech está en la aplicación en un contexto de las capas de la supervisión. Se trata de una herramienta que puede utilizarse para la recolección de datos para validación y procesamiento de la analítica.
Refiere que el equipo de Cambridge SupTech Lab, en el Informe State of SupTech Report 2023, desarrolló una matriz que denominan “las generaciones de suptech”, la cual toma en cuenta para gestionar en la SB los procesos estratégicos.
Según el superintendente, de manera periódica analizan en qué lugar están a nivel internacional en cuanto al estándar de Cambridge. Además, indica, se plantea hacia dónde va la institución.
Al pasar balance y comparar el lugar en el que se encontraba la institución cuando tomó posesión en 2020, Fernández Whipple explica que la SB estaba en torno a una gestión 1.5, mientras que ahora está en ruta a la quinta generación. Explica que hace cuatro años había una serie de reportes estáticos y se mandaba información vía servidores y base de datos relacionales alojados en las mismas oficinas de la institución.
Al identificar en qué lugar está ahora la entidad, expresa que ciertamente ha evolucionado de la 1.5 a 2.5, destacando que en algunos aspectos se ha llegado a una tercera generación. Admite que en otros hay algún rezago. “Como ya hemos mencionado, contamos con visualización dinámica e interactiva”, indica.
La meta, según Fernández Whipple, es alcanzar el estándar de tercera generación al 2025 donde haya mayor nivel de madurez con proyectos que llevan a cabo en materia de la automatización robótica y otros. El horizonte más próximo, dice, es la cuarta generación donde se hace un uso más intensivo de la inteligencia artificial.
Personas políticamente expuestas
Las personas expuestas políticamente (PEP) son de interés particular para las instituciones de intermediación (EIF). La Ley Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Ley 155-17) califica como persona expuesta políticamente a cualquier individuo que desempeña o haya desempeñado en los últimos tres años altas funciones públicas, por elección o nombramientos ejecutivos, en un país extranjero o en territorio nacional, incluyendo altos funcionarios de organizaciones internacionales.
Los PEP son funcionarios electos, tales como el Presidente y Vicepresidente de la República; senadores y diputados; alcaldes, vicealcaldes, regidores y tesoreros municipales; directores y tesoreros de distritos municipales. En la lista se incluyen los funcionarios por nombramiento, entre los que están ministros y viceministros; gobernador, vicegobernador, gerente y contralor del Banco Central, entre otros.
¿Por qué no hay un acuerdo entre la Superintendencia de Bancos (SB) y la Cámara de Cuentas para facilitar un poco el trabajo de los oficiales de cumplimiento de las instituciones financieras para acceder a una base de datos que ayude evitar los delitos de lavado?
La inquietud surgió durante una breve sesión de preguntas que permitió el superintendente de Bancos. La respuesta de Fernández Whipple fue la siguiente: “Sé que ha sido una postura de la ABA en el pasado y que se ha motivado a crear un listado único de PEP y digamos que con la participación de nosotros dentro del sector”. A su entender, más que pensar en el listado de PEP, en sentido general hay que pensar en personas de alto riesgo que va más allá estrictamente de la persona que firmó su declaración jurada de patrimonio.
