Muchos creen que el problema de la deuda pública, tan crítico en las décadas de los 80 y 90, es ahora cosa del pasado, especialmente considerando los altos niveles de endeudamiento (Deuda/PIB producto interno bruto) de las principales potencias occidentales, con Estados Unidos a la cabeza.
Sin embargo, esta cuestión sigue siendo relevante y problemática, con implicaciones macroeconómicas y sociales de primer orden que permanecen tan vigentes hoy como en esos años de crisis y quiebras.
Actualmente, cerca de la mitad de los ingresos fiscales de los países en desarrollo, que han mantenido este estatus durante décadas, se destinan a bancos occidentales. Según estudios recientes, 144 naciones enfrentan dificultades para cumplir con el servicio de sus préstamos.
Para estos países, con economías que dependen en gran medida de la exportación de materias primas y cuya industrialización sigue enfrentando serias distorsiones estructurales, el 41,6% del gasto y el 8,4% del PIB se canalizan al cumplimiento de sus obligaciones financieras, muchas de las cuales fueron negociadas en condiciones perjudiciales para sus intereses nacionales.
Esta situación impone severas restricciones al mantenimiento de programas sociales, cruciales para evitar crisis de gobernabilidad y preservar la estabilidad política. La educación, la sanidad y los programas destinados a mitigar la pobreza son los más afectados. La dificultad es tal que algunos analistas señalan que las presiones sobre estos países son mayores que durante la crisis de la deuda latinoamericana de 1982 y que superan con mucho las vicisitudes financieras de toda la década de 1990.
En respuesta a la actual crisis, el G20 implementó el Marco Común con el objetivo de acelerar y simplificar el proceso de reestructuración de la deuda externa de los países en desarrollo. Sin embargo, este marco ha sido criticado por no resolver el problema de manera efectiva, ofreciendo solo alivios temporales e insuficientes. Se estima que hasta 2030, y probablemente más allá, estos países, incluida República Dominicana, seguirán destinando alrededor del 48% de sus ingresos presupuestarios al servicio de sus elevados empréstitos. En contraste, se espera que el número de supermillonarios y la riqueza global aumenten significativamente para esa fecha.
En las últimas tres décadas, la República Dominicana ha destacado por una creciente inclinación de sus gobernantes a financiar con deuda externa las necesidades de sus iniciativas de política internas, en un contexto de graves distorsiones en la estructura impositiva, gasto fiscal exuberante y evasión masiva de impuestos.
En veintitrés años, la deuda pública consolidada aumentó en 66.6 mil millones de dólares. De esta cantidad, 6.5 mil millones corresponden al período 2000-2004 (46.9% del PIB en el último año); 14.2 mil millones a los dos gobiernos de Leonel Fernández (41.3% del PIB en el último año de su gestión); 29.4 mil millones a las dos administraciones de Danilo Medina (69.1% del PIB) y 16.5 mil millones (58.3%) en la primera gestión del PRM hasta 2023, según cifras oficiales. El señor Hipólito Mejía dejó una deuda pública consolidada de 10.8 mil millones en su gestión de cuatro años; Fernández, algo más de 25 mil millones; Medina, 54.5 mil millones; y el PRM, solo contando el primer período incompleto, aproximadamente 71 mil millones.
El financiamiento de la deuda es crucial para el desarrollo, pero el desafío radica en sus repercusiones cuando los niveles se vuelven insostenibles en medio de grandes baches estructurales. Como hemos afirmado anteriormente, un alto y creciente nivel de deuda puede frenar la inversión privada, aumentar la presión fiscal, reducir el gasto social y limitar la capacidad del gobierno para implementar reformas. Esperemos que, entre los prometidos cambios del presidente Abinader, la reforma de la conducta gubernamental frente al endeudamiento externo figure sin falta en el paquete de sus prioridades de política.
