El Gobierno de Argentina reglamentó, mediante un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, el título sobre la reforma del Estado incluida en la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, proyecto estrella de Javier Milei, que fue aprobada por el Congreso a finales de junio.
Se han reglamentado “puntos muy importantes”, incluidos en la ‘Ley Bases‘ y las facultades delegadas (del Legislativo al Ejecutivo): las privatizaciones; las reformas al empleo público y las reformas al procedimiento administrativo, anunció el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa, en la sede del Ejecutivo.
El portavoz explicó que la reglamentación es parte del programa de Milei, que “aplicó un plan denominado ‘motosierra’ que jamás se vivió en la administración pública de la república Argentina“, al señalar que desde que comenzó su gestión el 10 de diciembre pasado, se ha reducido un 32% el tamaño del gasto público.
El Congreso delegó al Ejecutivo facultades en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año.
Adorni explicó que con las facultades delegadas, el Ejecutivo “va a cerrar cualquier organismo que no funcione” y que toda “empresa estatal que se pueda privatizar se va privatizar”.
Además, se incorpora un examen objetivo de competencias en el empleo público para ingresar al Estado, por lo que “la capacidad técnica no la definirá un burócrata de turno, sino una computadora”, y se endurecen las sanciones por incumplimiento y se descuenta el día no trabajado: “Empleado que para, empleado que no cobra”, dijo Adorni.
También se reglamentó el “silencio positivo” para las autorizaciones de trámites, de forma que si el Estado no se expide, quien lo solicita quedará automáticamente autorizado.
Según explicó uno de los firmantes del decreto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en su cuenta de X, la norma reglamenta los “aspectos que persiguen tres objetivos centrales”: acelerar la ‘motosierra’, implementar un mecanismo ‘anti-ñoquis’ (contra los trabajadores que no trabajan) en el empleo público, y cambiar los procedimientos administrativos con procesos ‘anti-coimas’ (contra los sobornos).
Sturzenegger indicó que esas facultades le permiten al Estado adecuar el tamaño de la administración pública y que el primer organismo que se cerrará es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).
El ministro explicó que el silencio positivo servirá para evitar que un funcionario pida sobornos para destrabar un trámite, en tanto también se evitan las “multas disciplinantes” al sector privado.
La modificación de la ley de Empleo Público busca mejorar su calidad, evitar la interferencia política en los nombramientos, fortalecer el régimen disciplinario, evitar el dispendio de recursos y facilitar el proceso de ordenamiento del Estado, detalló Sturzenegger, luego de que ya se han reducido más de 20 mil puestos en lo que va de la gestión de Milei.
Prevé que cuando una unidad estatal se elimine o se reduzca, el personal pueda ser puesto en disponibilidad y cobrar su sueldo hasta doce meses.
