El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, pidió a la Junta de Supervisión Fiscal, que se reúne por primera vez este viernes, que actúe contra la pretensión de los acreedores de la deuda de las corporaciones de la isla de cobrar la totalidad de sus inversiones.
García Padilla, que remitió por escrito a la Junta de Supervisión un informe sobre la situación por la que atraviesa Puerto Rico, se dirigió por televisión a la ciudadanía de la isla, a la que dijo que ha pedido a los miembros de ese ente -establecido por la ley Promesa aprobada por el Congreso estadounidense- que facilite una reestructuración ordenada de la deuda pública.
El jefe del Ejecutivo afirmó que esa información proveerá a los miembros de la Junta de Supervisión un amplio conocimiento de las obligaciones del Gobierno y sus finanzas.
“La junta se reúne por primera vez mañana en Nueva York y creo que todos debemos saber las implicaciones de este proceso que ahora comienza. Le hemos entregado a los siete miembros de la Junta de Supervisión varios documentos que demuestran la grave situación que enfrentamos”, subrayó.
Entre los documentos entregados a los miembros de la junta se encuentran el informe elaborado el año pasado por un grupo de expertos encabezados por Anne Krueger y un estudio de las consecuencias adversas que puede suponer la imposición de medidas adicionales de austeridad.
De igual forma, fue remitido un informe sobre los aspectos prácticos de la implantación de Promesa y una propuesta de calendario de trabajo.
Esa agenda incluye presentar en dos semanas un primer borrador del Plan de Ajuste Fiscal, seguido en noviembre de una versión revisada que incorpore los comentarios y recomendaciones que haga la Junta de Supervisión y de un Plan Final antes de que termine el año.
García Padilla destacó durante su mensaje que la igualdad con el resto de los territorios de Estados Unidos en los fondos federales para los programas de sanidad pública de Medicare y Medicaid es indispensable para el desarrollo económico y social de la isla.
Además, insistió en su rechazo a la imposición de medidas de austeridad que golpeen a la clase trabajadora o la estabilidad de la Universidad de Puerto Rico -lo que significa evitar nuevos recortes.
La información provista a la junta de supervisión reitera el peligro que se cierne sobre la salud, la educación y la seguridad del pueblo puertorriqueño si se accede a la petición de un grupo de acreedores de eliminar la protección temporal contra reclamaciones que establece la Ley Promesa.
“Hoy damos un paso firme en nuestro propósito de que esta administración y la Junta de Supervisión atienda la crisis fiscal bajo el más estricto espíritu de colaboración”, sostuvo el gobernador.
“Procuraremos que la Junta de Supervisión entienda que para que la recuperación sea verdadera se tienen que atender tanto los aspectos fiscales como los económicos, defendiendo la provisión de servicios esenciales de la ciudadanía”, añadió.
La ley Promesa fue aprobada ante la imposibilidad de que Puerto Rico de afrontar los vencimientos inmediatos de una deuda superior a los 60.000 millones de dólares.
Esa norma que establece el aplazamiento durante meses del pago a los acreedores, aunque a cambio instaura una Junta de Supervisión Fiscal que se sobrepone al Gobierno local.
