La inversión en energías renovables en República Dominicana ha alcanzado niveles históricos en los últimos años, transformando la matriz energética en una más sostenible. La razón de este interés no es solo la tendencia global, sino también Ley 57-07 sobre Incentivo al Desarrollo de las Energías Renovables. Aprobada en 2007, ha sido el pilar normativo para al promover, incentivar y desarrollar las fuentes limpias.
Solo entre 2019 y 2023, el país recibió una inversión total de aproximadamente US$1,144 millones en proyectos de energías limpias, un 64% de los cuales fue financiado por la banca local, mientras que el 36% restante provino de bancos, instituciones u organismos internacionales. De hecho, esta diversificación en las fuentes de financiamiento ha sido clave para sostener proyectos que requieren grandes sumas de inversión y largos períodos de recuperación.
Actualmente, el país se encuentra en un punto crucial, con 1,370 megavatios (MW) de capacidad renovable en fase avanzada de construcción o a punto de ser finalizados. Se espera que estos proyectos entren en operación comercial entre 2024 y 2025, contribuyendo a la meta nacional de que el 25% de la demanda energética provenga de fuentes renovables para finales de 2025, tal como establece la Ley 57-07.
Una novedad en el sector es que muchos de estos proyectos han adoptado sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías, permitiendo realizar arbitraje energético y optimizando la eficiencia de la generación renovable. Esta adopción responde a las normativas establecidas por la Comisión Nacional de Energía (CNE) para la inclusión de almacenamiento energético.
El impulso a las energías renovables no solo se refleja en la inversión directa en infraestructura, sino también en el marco regulatorio y en la recepción de propuestas de nuevos proyectos. Entre 2021 y 2023, el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED) firmó más de 34 contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA), bajo el amparo del Decreto 608-21.
Estos acuerdos han sido fundamentales para atraer inversiones, estimadas en más de US$1,000 millones en los próximos años, y han permitido aumentar la capacidad instalada de energías renovables en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) en seis puntos porcentuales, pasando del 25% en 2019 al 31% en 2023.
Inversiones
La inversión extranjera directa (IED) también ha jugado un papel fundamental en este proceso, aportando no solo capital sino también tecnología y conocimientos que han contribuido al desarrollo de proyectos más eficientes y sostenibles. En 2023, el sector energético recibió US$1,071 millones en IED, consolidándose como el segundo sector de mayor crecimiento en el país durante ese año. Este flujo de capital extranjero ha sido crucial para la expansión del parque de generación eléctrica, fomentando la industrialización, el crecimiento económico y la creación de empleos.
A nivel global, la expansión de las energías renovables ha sido notable en la última década. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), la capacidad instalada mundial pasó de 752 gigavatios (GW) en 2010 a 3,372 GW en 2023, un aumento de más de cuatro veces. En República Dominicana, las Concesiones Definitivas otorgadas por la CNE para proyectos de generación renovable suman ya 3,451 MW al cierre del primer trimestre de 2024, con un 75% de esta capacidad proveniente de tecnología fotovoltaica, un 20% de energía eólica y un 5% de biomasa, residuos sólidos y mini hidroeléctricas.
Solo desde 2019 hasta la actualidad, se han interconectado al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) unos 18 proyectos de energía renovable, añadiendo alrededor de 883 MW a la matriz de generación, según datos del Organismo Coordinador (OC)
Estos avances colocan al país en una posición favorable para alcanzar sus metas energéticas y cumplir con los compromisos internacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un 27% para 2030, según lo establecido en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC). Es así como, con el apoyo de la inversión tanto local como extranjera, y el fortalecimiento del marco regulatorio, la media isla avanza hacia una generación energética más limpia y sostenible.
