Desde 1714 España trata a Cataluña como una colonia, con un expolio fiscal de €22,000 millones anuales (¡10% del PIB de Cataluña!) y con una actitud racista anticatalana. Y esto ha pervivido hasta la fecha y, por eso, necesitamos la independencia de Catalunya. Hicimos un referéndum de autodeterminación en el 2017 y, a resultas de la represión posterior, el presidente Puigdemont ha tenido que estar siete años exiliado en Bélgica.
Este año, por la necesidad del presidente Pedro Sánchez de conseguir los votos del partido de Puigdemont, Junts, se aprobó el 10 de junio una ley de amnistía que iba a acabar con la represión, entre otros, del presidente Puigdemont. Por eso, durante el proceso electoral catalán del 12 de mayo, él dijo que volvería a Catalunya para participar en la investidura del futuro presidente del gobierno catalán.
La represión ha logrado que el otro gran partido independentista, ERC, dejara la confrontación y quisiera pacificar el país, pero eso le ha llevado a ir perdiendo muchísimos votos de los independentistas más activos y exigentes.
Otro partido independentista, la CUP, desorientada en este panorama, también ha ido perdiendo bastantes votos. En las últimas elecciones al gobierno catalán, la represión ha vuelto a imposibilitar que el candidato Puigdemont pudiera hacer la campaña electoral en Catalunya, la ha tenido que realizar desde la distancia por internet, y tampoco ha podido participar en los debates televisivos. Al final, este contexto anormal ha ido influyendo haciendo que el independentismo perdiera la mayoría absoluta que había tenido en los últimos doce años.
El PSC, un partido antindependentista del propio partido del presidente español Sánchez, quedó primero, pero necesitaba los votos de ERC para llegar a la mayoría absoluta. Y ERC, para evitar nuevas elecciones (en las que aún hubiera bajado más), ha dado sus votos para que el PSC pueda gobernar en Catalunya en una especie de Pax Romana de la colonia, a cambio de una hipotética soberanía fiscal para Catalunya (una promesa que todos sabemos que no se cumplirá porque iría en contra del expolio fiscal que está en la base de la relación España-Cataluña).
Pero los jueces españoles, en continuidad con la lawfare con la que han perseguido a los independentistas catalanes, se niegan a aplicar la ley de amnistía aprobada por el Congreso español, demostrando impunemente que hacen un uso impropio de la justicia para fines políticos. A pesar de todo esto, ahora que Puigdemont ha salido elegido como diputado del segundo partido más votado del Parlamento catalán, anunció que, tal y como había prometido, volvería el día de la investidura, el 8 de agosto. Los jueces dieron instrucciones a la policía catalana que, comandada por ERC y debiendo cumplir por imperativo legal, desplegó un impresionante dispositivo policial para impedir que Puigdemont pudiera entrar en el Parlament.
Entonces, ante la multitud que le había venido a recibir frente al parque del Parlament, el presidente Puigdemont hizo un discurso, dejando muy claro que los jueces incumplían la ley, que el conflicto entre Cataluña y España no había desaparecido y que los catalanes seguimos exigiendo la independencia de Catalunya. Terminado el discurso, desapareció entre la multitud escabulléndose de la policía. La policía, amenazada por los jueces, activó la Operación Jaula cortando el tráfico en todas las carreteras de Catalunya en verdadera caza al hombre.
Este operativo sólo se había utilizado contra los terroristas islamistas que atentaron en Barcelona el 17 de agosto de 2017. Ahora lo hizo para arrestar a un diputado, elegido por 700.000 catalanes, acusado de malversación. Además, acusado fraudulentamente por los mismos jueces que ahora no quieren aplicar la ley de amnistía, aprobada por el Congreso español precisamente para dejar de perseguirlo judicialmente. Sería inexplicable, si no fuera que Puigdemont y los independentistas catalanes son los enemigos número uno de España.
El presidente Puigdemont ha sorteado todo el sistema policial y ya vuelve a estar en el exilio belga habiendo dejado en evidencia el abuso inadmisible que están cometiendo los jueces, con esa insubordinación e intromisión en la política desde el estamento judicial. Pero nadie los critica en España, ni nadie piensa hacer nada. Habrá que ver si Junts retirará el apoyo al gobierno español y éste se desestabilizará.
De momento la aparición desafiante del presidente Puigdemont en Barcelona ha servido para que toda la gran prensa mundial volviera a situar el problema catalán en las portadas informativas, dejando claro que el conflicto continúa y que no habrá solución política alguna hasta que el encaje internacional de Cataluña sea decidido por los propios catalanes.
Por: Jordi Oriola Folch.
