El sector cooperativista dominicano, que agrupa a 2,332 cooperativas registradas, desempeña un papel crucial en el desarrollo económico de las zonas rurales y comunidades vulnerables del país, facilitando el acceso a productos y educación financiera.
Con activos que superan los RD$387,958.8 millones, esta economía solidaria no sólo enfrenta el desafío de mejorar su reputación, sino que también requiere una regulación fundamentada en riesgos y mejores prácticas.
Así lo indicó Cibeles Jiménez, directora ejecutiva y fundadora del Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana (CGRRD), al enfatizar la necesidad de incentivos para garantizar la sostenibilidad del modelo cooperativo, similar a las experiencias exitosas en otros países de América Latina y el Caribe.
Según Jiménez, medir el impacto social del sector es esencial para fortalecer las prácticas ambientales, sociales y gubernamentales (ASG) tanto a nivel local como regional. “El sector cooperativista dominicano enfrenta desafíos que demandan atención para asegurar su sostenibilidad y crecimiento”, señala Jiménez, especialista en Gestión de Riesgo y Gobierno Corporativo.
Considera que la tecnificación en la gestión es uno de los principales retos; aunque algunas cooperativas han avanzado en este ámbito, persisten brechas en gobernanza y administración que podrían comprometer su estabilidad a largo plazo. Además, cita que la adopción de nuevas tecnologías es crucial para mejorar la competitividad y atraer a generaciones más jóvenes.
Datos del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) revelan que el 18% de la población dominicana está asociada a una cooperativa. A junio de este año, las captaciones totales alcanzaron los RD$156,467.5 millones, mientras que la cartera de crédito se sitúa en RD$291,909.4 millones.
Otros riesgos
Entre los principales riesgos que enfrenta el sector, Jiménez destaca la gestión del riesgo estratégico. “Es vital que las cooperativas implementen una planificación estratégica adecuada que contemple la identificación de riesgos para alcanzar sus objetivos”, dijo la también socia fundadora de Ribels. En cuanto a los riesgos financieros, resaltó que el riesgo de crédito se presenta como uno de los más significativos.
“Muchas cooperativas carecen de criterios adaptados a su entorno para evaluar créditos eficientemente”, precisó. Asimismo, menciona el riesgo de mercado; el control inadecuado sobre los precios de los activos puede impactar negativamente la rentabilidad de las cooperativas.
“Actualmente, esto se encuentra en un segundo plano dentro de su gestión”, advierte Jiménez. Agrega que “la regulación es fundamental para la gestión de riesgos, proporcionando un marco que asegura operaciones confiables”. Aunque queda un largo camino por recorrer en este aspecto, entiende que es un paso necesario para garantizar la permanencia del sector como soporte del sistema financiero y motor económico en sus comunidades.
“En el contexto de la economía solidaria, es urgente que el sector cooperativista fortalezca su capacidad de respuesta al riesgo y adaptación frente a los cambios económicos y sociales”, afirmó. Para ello, dijo es fundamental la implementación de estrategias de innovación de su oferta y alcance a nuevas generaciones, que les permita, no solo continuidad de largo plazo, sino posicionamiento en un entorno cada vez más competitivo.
Regulación
El presidente administrador del Idecoop, Franco de los Santos, dijo que a pesar del incremento en la supervisión rigurosa de las entidades solidarias durante su gestión, es imperativo contar con una nueva regulación.
“El principal desafío del sector cooperativista es aprobar una nueva regulación”, sostuvo. Según él, esta ley debe estar alineada con las exigencias actuales para garantizar supervisiones financieras efectivas. Recordó que desde su llegada al Idecoop, han impulsado mejoras significativas: “Si hay una institución que ha asumido el cambio es el Idecoop”, aseguró.
