Después de la juramentación para un segundo período del presidente Luis Abinader, todo el debate de la opinión pública se va a centrar en un conjunto de reformas estructurales de altísima importancia para la sociedad dominicana.
El epicentro del debate va a estar focalizado en tres de estas reformas: 1) La reforma constitucional, que busca poner un candado a las posibilidades de reelección presidencial por más de dos períodos consecutivos, juntar las elecciones presidenciales con las municipales y darle mayor independencia al Ministerio Público; 2) La reforma laboral, que buscará adaptar el Código de Trabajo a las nuevas realidades del mercado laboral, y; 3) La reforma fiscal, centrada en incrementar los ingresos fiscales, que es el principal elemento que afecta la calificación crediticia de República Dominicana, y aleja su grado de inversión.
Estas tres reformas necesitan una discusión profunda del país que queremos. En el caso de la reforma fiscal, el gran reto es cómo realizarla produciendo las menores distorsiones posibles y que no reduzca el vigoroso crecimiento que ha tenido la economía dominicana en los últimos 60 años.
En Ecoanalítica somos de la opinión que es necesario llevar la discusión de la reforma fiscal a un terreno donde todos ganen: ¿Cuál es la reforma fiscal necesaria para que República Dominicana ingrese al selecto grupo de países que hoy gozan de ese sello distintivo que se denomina “Grado de Inversión”?.
La mayoría de mis colegas han expuesto la reforma fiscal como un juego suma cero; es decir donde no existen beneficios sociales y simplemente lo que recibe el sector público se lo quita al sector privado, y/o donde lo que deja de pagar un sector, simplemente se le cobrará a otro. Son muchos los estudios que han salido explicando el porqué no se debería incrementar la carga fiscal a un sector o por qué otro sector debería ser considerado para recibir/mantener beneficios fiscales; dejando entrever que todo el peso de la reforma fiscal debería recaer en el resto de los sectores.
El plantear una reforma fiscal como el paso necesario para lograr el grado de inversión, nos lleva a un terreno donde gana el sector público, pero también gana el sector privado. Los países que tienen grado de inversión son percibidos como de menor riesgo, tienen acceso a endeudamientos más baratos y, por tener una tasa de descuento menor, sus empresas/activos obtienen una valoración mayor.
El grado de inversión afecta la valoración de todos los activos de un país, tanto de un gran ingenio azucarero, un prestigioso proyecto turístico o un pequeño colmado. El grado de inversión ayuda a atraer más inversión extranjera directa. El grado de inversión es el ganar-ganar que podría unir tanto al sector público como al sector privado.
Actualmente, dentro del conjunto de países de América Latina y el Caribe, solo existen cuatro que tienen el grado de inversión por las tres principales agencias de rating: Chile, Perú, México y Uruguay. Panamá salió en marzo de 2024. Hasta 2022, Colombia solía ser grado de inversión y lo perdió precisamente por falta de consenso en torno a la reforma fiscal. Comento esto porque es importante no solo hacer las reformas necesarias para ganar el grado de inversión; hay que hacerlo con el consenso adecuado para que se pueda permanecer en este selecto grupo de países en el largo plazo.
En Ecoanalítica, creemos que es posible llegar a grado de inversión en 2028 con una reforma fiscal centrada en el incremento de los ingresos y una mayor eficiencia en la ejecución del gasto -buscando una reducción/eliminación del subsidio eléctrico-. La reforma fiscal es necesaria más no suficiente para lograr el grado de inversión antes de 2028.
1) ¿Por qué la reforma fiscal se debe centrar más en un incremento de los ingresos en lugar de una reducción del gasto?
Existen varías métricas internacionales para darnos cuenta que la reforma fiscal necesaria debería darse más por el lado de los ingresos. Varias razones:
- i.) las cinco principales partidas de gasto -educación, interés de deuda, administración pública, protección social y salud – representan 99.6% de los ingresos del gobierno, dejando sin cobertura de ingresos al resto de los gastos, como los gastos en capital. Cuando incorporas los otros gastos a la cuenta, los egresos superan a los ingresos en un 22%.
- ii) Los ingresos fiscales en República Dominicana son 15.5% del PIB, 8 puntos porcentuales por debajo del promedio de la región, y es el segundo con los menores ingresos fiscales de América Latina y el Caribe.
- iii.) Aunque el déficit fiscal ‘estructural’ que mantiene el gobierno de 3% no luce demasiado alto -y en la región hay muchos países con igual o mayor déficit-, su peso respecto a los ingresos fiscales equivale a 17.5%, sólo por debajo de Panamá y Colombia.
- iv.) Otro indicador que explica la baja cobertura es el peso de los intereses de deuda respecto a los ingresos fiscales, que representan un cuarto de los ingresos fiscales y son los segundos más altos del continente, más de 10 pp. por encima del promedio de la región.
2) ¿Cómo pedirle mayores sacrificios al sector privado sin reducir/eliminar el subsidio eléctrico?
De acuerdo con la Dirección General de Presupuesto, en 2024 se destinarán unos US$ 1,551 millones para el subsidio al sector eléctrico (1.3% del PIB), debido a las pérdidas de energía gestionadas por las empresas estatales de distribución de electricidad. Y, haciendo una estimación de la última década, el costo fiscal de estos subsidios sería equivalente a 12% del PIB, por lo que la necesidad de trabajar/mejorar un gran acuerdo eléctrico recobra vida en las discusiones para mejorar las cuentas fiscales. Es necesario eliminar o reducir sustancialmente este subsidio en los próximos 4 años.
3) La Ley de Responsabilidad Fiscal impone un techo a los gastos en el largo plazo.
Una forma de asegurar que no va a hacer falta una nueva reforma fiscal en el futuro es el cumplimiento a la recientemente promulgada Ley de Responsabilidad Fiscal, que establece un techo al crecimiento del gasto público real -por encima de la inflación esperada- de 3%, estableciendo dos excepciones: que ocurra una catástrofe natural, o que la economía tenga previsiones de crecimiento inferiores al 1%.
La aprobación de esta regla fiscal genera una señal positiva en los mercados y ha sido vista con buenos ojos por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los calificadores de riesgo.
Construir una reforma fiscal integral que sea capaz de generar consensos, manteniendo la alta tasa de crecimiento de República Dominicana será una labor compleja. Una vez aprobada la reforma, República Dominicana podrá avanzar hacia el grado de inversión, reduciendo de manera importante la razón deuda/PIB del sector público no financiero que hoy se ubica en 58.9%, y garantizando un desarrollo más equitativo y sostenible para las futuras generaciones.
