Cada año el Gobierno carga con un déficit presupuestario que supera el 3% del producto interno bruto (PIB). El sector eléctrico, como es de todos conocido, es el responsable de por lo menos el 50%. Endeudarse para sostener empresas ineficientes es un negocio de capa perro.
Para nadie es un secreto que las distribuidoras de electricidad, las muy conocidas EDE, constituyen la carga más pesada para las finanzas del Estado, pues absorben alrededor de US$1,500 millones cada año.
Una decisión política es la causante de esta debacle y otra decisión política podría salvar a las distribuidoras, y de paso al país.
No es justo que los dominicanos, sin excepción, sigan cargando tan pesado. Más de US$5,781 millones en subsidio entre 2018 y 2023 es una cifra que debe llamar a reflexión.
Es oportuno dejar constancias de que en este período sale a relucir el 2022 fue el año en que mayor cantidad de recursos se destinaron para la operatividad del sector con US$1,500.1 millones, es decir, un 26% del monto total de los últimos seis años.
En 2022, según los datos oficiales, hubo una inyección de energía al sistema por 20,145.1 gigavatios hora, siendo esta la primera vez que se supera los 20,000 gigavatios hora en el sistema. De esta energía, las distribuidoras compraron 16,957.4 gigavatios hora, es decir, un 84.2%.
La diferencia o el faltante se explica en la venta directa a usuarios no regulados y a las pérdidas técnicas propias del sistema, que serían alrededor de 3,188 gigavatios hora.
Lo que sucedió en los primeros cinco meses de este año envía una señal contundente de lo que será el cierre de 2024. Entre enero y mayo las distribuidoras compraron 7,834.7 gigavatios hora a razón de 14.82 centavos de dólar el kilovatio, lo que significan más de US$1,160.9 millones.
Sin embargo, las EDE sólo facturaron US$818.2 millones a sus clientes, lo que indica que de entrada hay una pérdida absoluta de US$342.7 millones, un 29.5%.
Al pasar balance de lo que ha sucedido con el sector eléctrico, no cabe dudas de que todo está en la decisión política de quienes gobernaron, gobiernan y gobernarán. Toda a las actuales autoridades tomar una decisión que sea realmente responsable. Restar esperar que el plan al 2026, para que las EDE sean gestionadas por el sector privado, se lleve a cabo sin demora para beneficio del país.
