Las autoridades preparan el escenario para la propuesta oficial de reforma fiscal. Para ello, están enviando una señal de control de gasto a través de: I) la puesta en marcha de la Ley de Responsabilidad Fiscal, II) la propuesta de modernización de la administración pública y III) las medidas coyunturales de contención de gasto corriente.
Las dos últimas propuestas fueron presentadas recientemente como medidas enmarcadas en un paquete de iniciativas que apuntan a un doble objetivo: reencausar y desacelerar el gasto público.
Sin embargo, la propuesta de modernización estatal es tímida y de bajo alcance. Si bien se estima una reducción de gasto en torno a 0.33% de PIB o RD$25,000 millones, no queda claro si esa estimación se hace tomando en consideración los efectos de ajustes y fallas de gobierno inherentes a ciclos electorales y el comportamiento de la propia burocracia.
Además, si también, se apunta a contar con una tercera ola de reformas en esta dirección, materializarla sería todo un desafío por el ambicioso paquete de reformas estructurales que las autoridades buscan someter, consensuar, aprobar y poner en marcha en los próximos tres años y once meses.
Desde el punto económico, los aspectos más relevantes de la propuesta se limitan a la fusión horizontal de unidades de gobierno circunscritas al poder ejecutivo como es el caso de los ministerios de Planificación-Economía (MEPyD) y Hacienda (MH), por un lado, y Educación Superior (Mescyt) y Educación (Minerd), por el otro.
Se plantea, también, la fusión vertical del Ministerio de Agricultura (MA) y el Instituto Agrario Dominicano (IAD). En el caso de la fusión horizontal se busca disminuir las actividades centrales (administrativas) conservando las misionales, mientras que en la vertical se busca la absorción completa de actividades administrativas y misionales a través de programas del ministerio en cuestión.
Tomando en consideración, los efectos de ajustes, las fallas de gobierno y los tipos de fusiones, se resaltan tres aspectos de alto impacto a nivel de procesos. El primero, que corresponde al escrutinio congresual, el cual no debe ser un desafío ante la mayoría bicameral del partido oficialista.
El segundo, la incorporación gradual y planificada de estos cambios como parte integral del Presupuesto General del Estado (PGE). Y tercero, el impacto organizacional que implica la eliminación, fusión y creación de departamentos, cargos y funciones.
Ante este escenario y el costo político que se pone en juego, una señal más contundente debe ser más agresiva apuntando adicionalmente a otras unidades dentro del Gobierno Central. A nivel de Administración Central (excluidas unidades descentralizadas y autónomas), se debe buscar: I) la eliminación de TODAS las unidades desconcentradas, II) la creación de un único ministerio que fusione los de Juventud y Mujer con el Gabinete de Política Social de la Presidencia y el Sistema Único de Beneficiarios y III) la fusión de los Ministerios de Cultura y Deportes al Ministerio de Educación.
A nivel de descentralizadas y autónomas es necesaria, I) la fusión de la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas, II) la absorción del Instituto Nacional del Tabaco, del Instituto Dominicano del Café, el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, el Instituto Nacional de la Uva y el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales por el Ministerio de Agricultura, III) la absorción del Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales, el Instituto Dominicano para la Calidad, el Organismo Dominicano de Acreditación y el Consejo Nacional de Competitividad por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
IV) la absorción de la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, el Consejo Nacional de Discapacidad, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia y el Consejo Nacional de Estancias Infantiles por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, V) la absorción del Museo de Historia Natural, Acuario Nacional y el Zoológico Nacional por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y VI) la incorporación de TODOS los fideicomisos públicos como unidades descentralizadas del Gobierno Central.
Esta iniciativa, junto a otras, apuntarían a una reorganización estatal coherente y eficaz con impactos palpables a nivel de una genuina reingeniería de gasto público. El objetivo debe sentar las bases que permitan un cambio en la materialización de objetivos concretos de política pública. Eso significa que no toda descentralización de tareas centrales de gobierno implican una autonomía financiera y funcional que la erija como una entidad o unidad institucional.
Con los avances tecnológicos recientes y la transformación de las funciones de estado, las autoridades deben apuntar a eficientizar procesos que implican fuertes decisiones políticas. El tren de gobierno debe reducirse sustancialmente sobreponiendo el beneficio colectivo al costo político partidario de las autoridades de turno. Siendo así, dejará como legado una administración dinámica y transparente en vez de una inercial y pasiva que replica las ineficiencias del pasado una y otra vez.
