El fenómeno del lavado de activos ha adquirido una relevancia creciente, no sólo para las autoridades, sino también para el sector privado, especialmente ante los riesgos que conllevan las nuevas tecnologías.
En 2023, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de República Dominicana registró más de 6,000 operaciones sospechosas (ROS), lo que evidencia la magnitud del problema.
Aileen Guzmán Coste, directora general de la UAF, enfatizó que el combate al lavado de activos requiere un esfuerzo coordinado que involucre una alianza público-privada para alcanzar los resultados esperados. Enfatizó que para enfrenar ese desafio, es fundamental trabajar conjuntamente, enfocándose en los tres pilares esenciales que componen un sistema antilavado: prevención, detección y persecución.
“En la actualidad, nos encontramos ante retos palpables en esta materia, donde la transformación digital y las nuevas tecnologías han elevado los niveles de exposición al riesgo”, dijo Guzmán Coste, durante la inauguración del III Congreso Latinoamericano de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT), evento organizado por la Asociación de Bancos de la República Dominicana (ABA) y la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), en el hotel Marriott de Santo Domingo.
Otro reto significativo citado por la funcionaria es la importancia de la inteligencia financiera en esta lucha. “La necesidad de protegerla y utilizarla eficientemente es crucial para lograr los resultados esperados por el sistema en su conjunto. La protección y salvaguarda de los sistemas de reportería es una labor titánica, pero esencial para generar frutos positivos para aquellos países cuyas estructuras reportan tanto a personas físicas como jurídicas”, argumentó.
Guzmán recalcó que la inteligencia financiera debe ser dirigida a interrumpir el flujo de fondos ilícitos y a evitar que el dinero llegue a manos de aquellos que pueden causar daño a la sociedad.
“La criminalidad está lamentablemente bien organizada y avanza a un ritmo mucho más acelerado que nuestros esfuerzos por mitigar sus efectos”, advirtió, reafirmando el “firme compromiso” de República Dominicana en la lucha contra la criminalidad organizada.
Argumentó que la recomendación número 15 del Grupo de Acción Financiera Internacional establece que los países e instituciones financieras deben identificar y evaluar los riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo que puedan surgir con el desarrollo de nuevos productos y prácticas comerciales. Esta evaluación, aseguró, debe realizarse antes del lanzamiento de nuevas ofertas, tal como lo indican las notas interpretativas correspondientes.
Asimismo, citó que las actualizaciones a las recomendaciones 24 y 25 del mismo grupo sobre la transparencia en el beneficiario final de las personas jurídicas son fundamentales para fortalecer la resiliencia y capacidad de adaptación en la prevención del lavado de activos.
Además, subrayó que la transparencia no es sólo responsabilidad de los gobiernos y las autoridades, sino que también compete a cada gremio, institución, sujeto obligado y ciudadano. “No podemos permitir ningún tipo de complicidad con las empresas criminales. Es un deber cultural exponer los capitales ilícitos”, agregó.
Ante esta preocupante situación, Guzmán insistió en que las políticas de prevención y persecución del lavado de activos son clave para proteger el orden económico y financiero, así como para fomentar el desarrollo sostenible en los países, incluyendo República Dominicana.
