[dropcap]R[/dropcap]ecientemente observaba las estadísticas sobre generación de empleos formales en República Dominicana. Específicamente, las que publica la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), pues es el registro más aproximado a lo objetivo, toda vez que se trata de trabajadores cotizantes con nombres y apellidos, aunque no es un secreto que existen elusiones e inclusiones irregulares en esa base de datos, debido a que muchos “empresarios” se prestan a maniobras ilícitas.
Pero ese no es el tema. En este caso, el enfoque es sobre la cantidad de trabajadores que devengan salarios muy bajos en el país (menos de 10,000 pesos mensuales).
De acuerdo con la TSS, al mes de agosto de este año en República Dominicana hay 1 millón 841,789 trabajadores formales, de los cuales el 71.8% son empleados del sector privado, mientras que el 28.2% son del sector público centralizado y descentralizado.
En sentido global, se tiene que el 42.5% de los trabajadores formales del país devenga salarios por debajo de los 10,000 pesos mensuales, de los cuales la mayor marca de sueldos bajos la tiene el sector privado con 44.5%, mientras que el Estado, tanto centralizado como descentralizado promedia el 37.5% de sus trabajadores con salarios tan deprimidos.
Pero hay otros aspectos destacables, como el hecho de que más de una cuarta parte de los trabajadores del sector privado (26.4%) devenga salarios de entre 10,000 y 15,000 pesos mensuales, mientras que en el sector público el promedio de asalariados con esos niveles de sueldos es de 12%, más o menos.
Sin embargo, ahora que se ha estado hablando de la desigualdad en cuanto a los astronómicos salarios que devengan determinados funcionarios del Estado versus los deprimidos sueldos de una gran mayoría de los servidores públicos, es de interés ver qué pasa en el sector privado.
De hecho, las estadísticas indican que en el sector privado, de los 1 millón 232,132 empleados que cotizan a agosto de este año, apenas 186,313 tienen sueldos por encima de los 25,000 pesos mensuales, es decir, apenas el 14.1%.
En cambio, el sector estatal tiene una proporción mucho mayor de empleados con sueldos por encima de los 25,000 pesos mensuales. En el caso de los 287,558 empleados del sector público centralizado que cotizan a la TSS, el 40.1%, es decir, 115,234 trabajadores tienen sueldos que superan los 25,000 mensuales.
En tanto que el sector público descentralizado, que mantiene como cotizantes a 231,099 empleados, se observa que 67,601 trabajadores tienen salarios por encima de los 25,000 mensuales, para una proporción de 29.5%.
Las estadísticas del sector público centralizado como descentralizado no están completas, pues es sabido que muchas entidades estatales no se rigen por el sistema de seguridad social de la Ley 87-01 y por tanto no cotizan a través de la TSS. Esto indica que posiblemente la proporción de empleados públicos con sueldos por encima de los 25,000 mensuales sea mayor a los promedios mencionados de 40.1% y 29.5%, de los servidores centralizados y descentralizados, respectivamente.
Lo que llama la atención es el hecho de que el sector privado, que es el mayor empleador del país, con una proporción de más de un 70% de los trabajadores formales, es el que ofrece los salarios más deprimidos, con una alta proporción de sueldos muy bajos y una muy baja proporción de remuneraciones medias o altas.
No hay mucho espacio al acceso a crédito para una vivienda, por ejemplo, entre trabajadores formales con salarios por debajo de los RD$25,000 mensuales, pues no califican ante las entidades bancarias que financian proyectos de viviendas.
El hecho de que apenas el 14.1% de los trabajadores formales en el sector privado sean quienes devengan sueldos mínimamente aceptables en montos mensuales, hace muy pequeña la población laboral en capacidad de convertirse en sujeto de crédito para el acceso a financiamientos de alta envergadura como el de la compra de una casa propia.
Ese es un aspecto a tomar en cuenta a la hora de analizar las normativas vigentes sobre el mercado laboral dominicano, la competitividad del sector privado y el comportamiento, aparentemente no tan injusto, del sector público frente a sus trabajadores, independientemente de que sean o no efectivos en sus labores.
