La Confederación Patronal Dominicana (Copardom) apoyó la acción legal interpuesta por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) para erradicar el abuso de posición dominante en el transporte de carga y pasajeros.
La entidad que aglutina a los empleadores dijo que el control absoluto de esos servicios, a través de acciones violentas e intimidatorias, atenta contra la competitividad de la economía, el bienestar y la seguridad personal de los usuarios.
Copardom sostuvo que la justicia tiene en sus manos argumentos sólidos para conocer la acción de amparo del Conep por la vulneración de los derechos fundamentales a la libertad de tránsito, de contratación, de empresa y de competencia.
En ese contexto, Copardom dijo que se adhiere a la iniciativa legal del Conep, elevada ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), con el apoyo de más de 80 entidades que representan el tejido económico, social y cultural de la República Dominicana.
El gremio de los patronos llamó a la sociedad en su conjunto a rechazar las prácticas abusivas en el servicio de transporte ofrecido por sindicatos y federaciones que, por su forma, ofenden la dignidad de los pasajeros y empañan la imagen del país ante los turistas que nos visitan.
“Esperamos que, ante esta grave situación que ha estado vigente por años, la justicia ordene a los órganos estatales relacionados con el transporte cumplir las obligaciones legales y administrativas previstas en el ordenamiento jurídico”, subrayó Copardom.
Consideró inadmisible que ciudadanos y empresas estén en un estado de desprotección frente a las actuaciones inconstitucionales, abusivas y anticompetitivas de agrupaciones de transportistas identificadas como sindicatos y federaciones.
“Rechazamos tajantemente la imposición de la extorsión y el chantaje como estategia para que grupos específicos logren el control total del servicio de transporte de pasajeros y de carga, imponiendo su voluntad en todos los sentidos”, advirtió.
Copardom subrayó que, más allá de las decisiones legales de los tribunales, el país necesita que el gobierno garantice en el largo plazo los derechos fundamentales de las personas “a circular libremente por las vías públicas, así como poder transportar y prestar libremente sus servicios”.
