La ONU proclamó en Quito la Nueva Agenda Urbana, un documento que establece principios para hacer que las ciudades sean lugares más seguros, inclusivos, sostenibles y resilientes y pone también el acento en la equidad y el medio ambiente.
La agenda fue adoptada en la clausura de la Conferencia Habitat III, que durante cuatro días ha reunido en la capital ecuatoriana a delegaciones gubernamentales, académicos, expertos y organizaciones de la sociedad civil para hablar sobre el futuro de las urbes.
El documento, no obstante, fue acordado en septiembre, tras dos años de negociación y debate mundial, por lo que en las sesiones de la conferencia no ha sufrido modificaciones sustanciales.
Habitat III, que sigue a Habitat I (Vancouver 1976) y a Habitat II (Estambul 1996) no estuvo exenta de las críticas de grupos autodenominados “de resistencia”, que durante los días previos y los de celebración del evento hicieron oír su voz y pidieron que se termine con el privilegio de lo urbano sobre lo rural, así como que se aupe la construcción de ciudades “dignas y seguras” para todos.
El grupo Resistencia Habitat III aprobó una declaración que destaca la importancia de hacer visibles los procesos que ocurren en el campo, entre ellos los desalojos de poblaciones por la extracción minera, según dijo a Efe su portavoz Lina Magalhaes.
Los movimientos alternativos consideran que se deben analizar las causas del crecimiento de las ciudades, así como los efectos negativos sociales y ambientales que ello genera y creen que se debe defender “otras formas de habitar que no necesariamente son urbanas”.
En una concentración pacífica que realizaron los seguidores del movimiento cerca de la sede de la Conferencia de la ONU, los manifestantes, entre ellos ecuatorianos, mexicanos, brasileños y peruanos, portaron carteles con leyendas como “ciudades dignas y seguras para ellas y ellos” y “los hijos del jaguar resistimos”.
La Nueva Agenda Urbana no tiene carácter vinculante pues, según explicó el secretario general de la conferencia, el español Joan Clos, en Naciones Unidas existe el acuerdo de que las decisiones en materia de urbanización corresponden a los gobiernos de los países.
Esa característica es motivo de preocupación en algunos sectores, como el de los derechos humanos, que ha examinado también las implicaciones que puede tener para este ámbito la agenda.
“Nos preocupa que la responsabilidad para su implementación no sea fortalecida como una obligación legal”, dijo en una conferencia de prensa en Quito la alta comisionada adjunta de Derechos Humanos de la propia ONU, Kate Gilmore.
En su opinión, es “clave” el establecimiento de responsabilidad para la aplicación de los compromisos de la agenda, porque el Consejo y la Comisión de Derechos Humanos pueden llevar a cabo revisiones periódicas sobre ello, pero el documento debería establecer “mecanismos de responsabilidad” al respecto, indicó.
El secretario general de Habitat III, Joan Clos, confió, sin embargo, en que los países lleguen a compromisos para aplicar la agenda, que fija cinco puntos que deben tenerse en cuenta: la necesidad de aplicar políticas urbanísticas nacionales, la revisión de la legislación sobre la materia, el adecuado diseño y planificación urbana, la financiación de la urbanización y la activación de planes de renovación interna de las ciudades.
Según la ONU, la agenda promueve la densificación urbana en lugar de la extensión del perímetro de la ciudad, el uso mixto del suelo frente a la zonificación, la preservación del paisaje y los recursos naturales y la consecución de espacios públicos para todos.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, al clausurar la reunión destacó que en la Nueva Agenda Urbana se garantiza “el derecho a la ciudad” para todos.
Ese derecho “permite a sus habitantes ocupar, usar y producir, en un entorno seguro, libre y sostenible”, agregó el mandatario, quien también se refirió a varias resoluciones, como las que previenen sobre la especulación de la tierra y la plusvalía ilegítima.
Más de 35,000 personas participaron en la Conferencia Habitat III, provenientes de 167 países del mundo, entre los cuales Colombia, Estados Unidos, Ecuador, México, Brasil, Perú, Argentina, España, Alemania y Venezuela fueron los que llegaron con más delegados.
