La organización ambientalista Greenpeace ha ganado este miércoles un caso judicial contra el Estado neerlandés, obligando así al Ejecutivo a tomar medidas para reducir antes de 2030 las emisiones de nitrógeno del campo y la construcción en la naturaleza, o, de lo contrario, se enfrenta a una multa de €10,000,000.
El Tribunal del distrito de La Haya exigió al Gobierno neerlandés tomar más medidas para reducir las emisiones de nitrógeno y lamentó que no haya desarrollado un plan práctico para cumplir con los objetivos de 2030, después de eliminar puntos clave de la política anterior. Por tanto, impuso una multa coercitiva de €10,000,000 si no se logra alcanzar los objetivos de 2030.
Dentro de cinco años, el 50% de las áreas Natura 2000 —una lista de más de 150 espacios vulnerables— no deben estar sobrecargadas de nitrógeno.
Una de las críticas de la Justicia se centró en el hecho de que el gobierno actual, una coalición de la derecha radical con otros tres partidos de derechas, incluido el partido que defiende los intereses del campo (BBB), haya revertido las medidas adoptadas en los últimos años por el gabinete anterior de Mark Rutte, quien destinó más de €24,000,000,000 para alcanzar los objetivos de nitrógeno, pero el gobierno actual redujo esa cantidad a €5,000.
La organización ambiental denunció que la política de nitrógeno del gobierno es insuficiente y lo llevó a los tribunales para obligarlo a implementar políticas más concretas y medidas drásticas en la agricultura y la industria, lamentando que los objetivos establecidos ya para 2025 no van a ser alcanzados por la falta de acción gubernamental.
El tribunal escuchó a las partes el pasado noviembre. Greenpeace pidió a los jueces que declaren la totalidad de la política de nitrógeno como “insuficiente” debido al exceso de estos gases en áreas de naturaleza protegidas que se están deteriorando, y exigió al gabinete cumplir “al menos” sus propias reglas y objetivos de reducción de nitrógeno. Estos están “muy lejos de lograrse”, según un estudio de varias organizaciones.
Los representantes del Estado alegaron que el Gobierno está ya haciendo “mucho” para reducir las emisiones de nitrógeno y que no se le puede exigir “lo imposible”, puesto que los objetivos más ambiciosos son “inalcanzables y poco prácticos”, aseguró, citando un informe del Instituto Nacional de Salud Pública (RIVM).
Usando un enfoque gradual, sería necesario reducir en 4,000,000 el número de animales en la ganadería, puesto que las emisiones de nitrógeno tendrían que retroceder a los niveles de 1939. Pero, si el gobierno considera que los objetivos actuales son inalcanzables, Greenpeace pide “salvar lo que se pueda salvar”.
El nitrógeno en sí no es perjudicial, pero la deposición excesiva en la naturaleza de dos de sus compuestos —el amoníaco (principalmente de la ganadería intensiva por el estiércol, la orina animal y los fertilizantes) y los óxidos de nitrógeno (de la combustión a alta temperatura en fábricas o motores de coche)— provoca acidificación y daña la naturaleza.
Los esfuerzos por reducir estas emisiones han desencadenado grandes protestas del sector ganadero en Países Bajos, lo que culminó en la creación de BBB, un partido que se ha hecho hueco en la coalición de gobierno actual y que busca limitar el impacto de las medidas contra el nitrógeno, que debe reducirse tras varios fallos, como del Tribunal de Justicia Europeo en 2018.
