El valorado y querido director del Listín Diario propuso en su editorial del 17 de enero la creación de las motovías como parte de sus esfuerzos por mejorar la movilidad ciudadana. Este problema, que se agrava cada vez más, deja un saldo de muertos, heridos y gastos incalculables para el Estado, recursos que deberían destinarse a resolver problemas esenciales del pueblo dominicano.
La solución fundamental a esta crisis radica en implementar un sistema de transporte público más cómodo y seguro. Sin embargo, nuestras autoridades carecen tanto de los recursos como de la voluntad para abordar este desafío, perpetuando así un transporte caótico cuyas consecuencias lamentamos a diario. En cuanto a la propuesta de una vía exclusiva para motoristas, considero que no resolvería el problema; por el contrario, podría agravarlo.
Esta medida reduciría los carriles disponibles para otros vehículos, lo que generaría mayores congestiones y ralentizaría el tránsito. Además, es poco probable que los motoristas dejen de cometer imprudencias, como lo hacen actualmente. Las calles y avenidas de nuestras ciudades no cuentan con el espacio suficiente para habilitar carriles exclusivos.
En mi opinión, la prioridad debe ser hacer cumplir las leyes existentes o, en su defecto, derogarlas. Un ejemplo claro es el artículo 161 de la Ley 63- 17, que exige que todos los vehículos cuenten con identidad, revisión técnica y seguros. Esta disposición, bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la DGII, no requeriría una inversión significativa por parte del Estado, más allá de garantizar la autoridad y los recursos necesarios para su aplicación efectiva. Por otro lado, recientemente hemos visto cómo el director del Intrant y los sindicatos acogieron de buena voluntad la nueva propuesta del Listín Diario sobre la utilización de vehículos compartidos.
Sin embargo, esto se presenta como una solución inmediata y superficial al grave problema estructural de nuestra movilidad. La verdadera respuesta sigue estando en la Ley 63-17, cuyo cumplimiento requiere firmeza y decisión, cualida – des que hasta ahora han faltado en nuestras autoridades. Humildemente, sugiero al señor Miguel Franjul que dedique un editorial al artículo 161 de la Ley 63-17.
Si el Intrant, la DGII y los sindicatos aplica – ran esta normativa con seriedad, podríamos reducir en más de un 30% las muertes y lesiones en nuestras carreteras. Esto implicaría sacar de circulación los vehículos en condiciones deplorables -sin frenos, luces ni seguros-, así como garantizar que quienes ocasionen daños asuman la responsabilidad correspondiente. Finalmente, es imperativo reflexionar sobre nuestro Congreso, que es grande, costoso e ineficaz. Si las leyes que se promulgan no se respetan ni aplican, nunca sabremos si realmente son útiles o necesitan ajustes. El fortalecimiento de nuestra institucionalidad y el respeto por la ley son pilares fundamentales para una democracia funcional y una sociedad más justa.
