República Dominicana requiere un 1.3% adicional de su producto interno bruto (PIB) para que todos sus habitantes superen la línea de pobreza extrema y alcanzar una cobertura total de educación y salud en los segmentos más vulnerables de su población.
Así lo indica el Banco Mundial en el informe “Política Fiscal y Redistribución en República Dominicana”, en el cual plantea que cerrar la brecha de la pobreza extrema requerirá RD$18.3 mil millones adicionales en transferencias monetarias, equivalentes al 4.9% de los ingresos del gobierno y 0.7% del PIB (el documento toma como base el de 2013).
“Esto implicaría duplicar las transferencias directas con relación a su nivel actual. Lograr la cobertura total para la salud y educación pública entre los hogares en pobreza extrema requerirá RD$14.6 mil millones más, o 0.6% del PIB de 2013”, indica el BM.
De acuerdo con el informe, presentado este jueves en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), incrementar el ingreso fiscal y a la vez de mantener la progresividad del sistema fiscal plantea un desafío significativo para los hacedores de políticas en República Dominicana.
“Aunque la estructura fiscal del país es bastante progresiva respecto a los estándares internacionales, los niveles totales del ingreso siguen siendo relativamente bajos. Incentivar en un 1.3% del PIB el ingreso necesario para cerrar la brecha de la pobreza extrema y ampliar la cobertura de los servicios sociales requerirá cambios sustanciales en las políticas fiscales actuales. Aunque el impuesto sobre la renta personal representa la mayor parte de los ingresos por concepto de impuestos directos, la tasa fiscal real entre los individuos que perciben más de US$40 por día es solo 3.5%, muy por debajo de la tasa oficial del 15%. Las medidas para reducir la evasión fiscal por parte de los hogares de altos ingresos, especialmente de los impuestos sobre dividendos e intereses, podría ayudar a incrementar la recaudación de ingresos, y los esfuerzos por ampliar el tamaño del sector formal podría ayudar a ampliar la base imponible”, señala.
El gobierno podría aumentar los ingresos aún más al reducir las exenciones del ITBIS, plantea el documento, basado en la Evaluación del Compromiso con la Equidad usando la metodología de la universidad de Tulane, Estados Unidos, y elaborado a partir del crecimiento económico, inclusión social y el rol del Estado en la economía dominicana.
En ese sentido, asegura que las exenciones representaron casi 3% del PIB en 2013, de acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda en 2015, y la mayoría de sus beneficios fueron a hogares de mediano y alto ingreso.
“Sin embargo, la eliminación gradual de ciertas exenciones podría tener impactos negativos sobre la pobreza y la desigualdad. Exonerar los bienes incluidos en la canasta de consumo básico utilizados en la metodología que mide la pobreza nacional, junto con los servicios de salud y educación, a la vez de eliminar las exenciones menos progresivas, podría aumentar los ingresos en hasta 0.5% del PIB. Cualquier efecto negativo que surja de eliminar las exoneraciones del ITBIS con respecto a la electricidad podría compensarse a través del programa Bono Luz, mientras que Solidaridad podría compensar los efectos similares sobre otros bienes y servicios”, indica.
En general, indica el Banco Mundial en su informe, las políticas fiscales de República Dominicana ya son sólidamente progresivas.
“En el futuro”, sostiene, “las autoridades enfrentarán importantes retos para mejorar la calidad y la amplitud en la prestación de servicios públicos, a la vez de tener que proteger a los hogares pobres del correspondiente aumento en la recaudación fiscal. Aunque República Dominicana ha reducido exitosamente la desigualdad vertical por medio de impuestos, transferencias y subsidios, estas políticas han tenido poco impacto en la desigualdad horizontal”.
“Algunos países comparables han podido lograr reducciones mayores en la desigualdad, recaudando grandes cantidades de ingresos y convirtiéndolos en programas sociales y servicios públicos. Esto sugiere que mejorar la calidad de los servicios públicos podría tener un impacto positivo significativo sobre la equidad de la política fiscal dominicana, que no solo ayudaría a adelantar los objetivos de desarrollo social, sino también generar confianza en las instituciones públicas e incentivar la formalización”, plantea el BM.
