La propuesta de reducir la “abultada burocracia” estatal y, de esta manera, entregarles a los ciudadanos servicios gubernamentales más eficientes es una tendencia en diversos países del mundo, y se ha implementado en distintas modalidades. Ante esta ola de reformas, debemos pausar para considerar si la eliminación de ministerios y otras instituciones necesariamente equivale a un aumento o mejora en la eficiencia gubernamental.
En Argentina, un ejemplo reciente, el presidente Milei prometió llevar una “sierra” al Estado argentino, eliminando ministerios y oficinas por docena. Ciertamente llevó a cabo este plan, y conjuntamente con otras medidas, se ha reducido la inflación que estaba fuera de control en ese país. Pero hay muchas quejas de que los servicios gubernamentales han decaído de forma importante, y habrá que ver a largo plazo la forma en que estos cambios tan drásticos puedan afectar la relación entre los argentinos y su Estado.
Un ejemplo todavía incipiente es el de los Estados Unidos, donde el presidente Trump creó una “Oficina de Eficiencia Gubernamental”, encabezada por el magnate Elon Musk, para reducir el tamaño del Estado americano. Todavía está por verse la forma en que se implementará esta operación, pero en sus inicios están enfocados en reducir nómina en áreas que entienden son contrarias a los valores actuales de los ciudadanos estadounidenses.
En nuestro país, ya tenemos formulados planes para reducir el tamaño del aparato burocrático estatal. Las fusiones propuestas de los ministerios de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) con el de Educación, y el de Economía, Planificación y Desarrollo con el de Hacienda, así como la eliminación de comisiones, oficinas y comités, son parte de las propuestas.
Si bien entendemos que Educación y el MESCyT pueden solapar en ciertas competencias, no nos queda claro porqué el de Economía, que es un órgano de planificación y estrategia, debe integrarse a un órgano primordialmente recaudador y de gestión financiera (Hacienda). Igual, se eliminó la malograda OISOE, pero se creó el Ministerio de Vivienda. ¿Este cambio realmente va a producir o mejorar la eficiencia?
La reflexión a que quizás nos deben llevar estos ejemplos es que el tamaño del Estado -en sentido general- y en particular cuando nos referimos al gasto corriente (empleados) ha crecido de manera importante en muchos países del mundo. Esta proyección que tiene el Gobierno en cualquier país, como una de las principales fuentes empleadoras, quizás desnaturaliza su función.
No obstante, los ciudadanos de hoy exigen que su Estado les provea servicios básicos, de salud, educación, entre otros, y la nómina también contabiliza a estas personas. Entonces, cuando hablamos del “tamaño” del Estado, debemos calibrar con las expectativas y exigencias de los ciudadanos del país.
Reducir la cantidad de instituciones gubernamentales de por sí no es una respuesta adecuada al problema de la ineficiencia burocrática. Puede ser que parte de la solución radique en estas medidas, pero si no se implementan otras transversales de dirigir los servicios del Estado a responder a las necesidades ciudadanas, será un ejercicio estéril de reducción sin resultados.
