El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el cierre y la suspensión de todas las actividades de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, en inglés), creada tras la crisis financiera de 2008 para vigilar a Wall Street y proteger a los consumidores.
Russell Vought, recién nombrado director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), comunicó a los empleados de la CFPB durante el fin de semana que la agencia cesaba “toda actividad de supervisión y examen”, lo que afecta a su labor de control sobre los abusos de los grandes bancos y la protección de los consumidores.
Un empleado de la agencia dijo a EFE que la sede de la CFPB, situada cerca de la Casa Blanca, permanecerá cerrada la semana del 10 al 14 de febrero, según se informó a los trabajadores en un correo enviado el domingo.
La agencia ha sido objeto de ataques políticos y empresariales desde su creación en 2011, tras la crisis financiera de 2008 y el colapso del mercado hipotecario subprime, un tipo de préstamo de alto riesgo con intereses elevados que acabó en una oleada de ejecuciones hipotecarias cuando muchos ciudadanos no pudieron hacer frente a los pagos.
La CFPB asegura que desde su creación ha logrado devolver a los consumidores casi US$20,000 millones que las empresas habían obtenido mediante prácticas engañosas, como tasas abusivas en tarjetas de crédito o penalizaciones ocultas en préstamos y deudas.
Una de las acciones más recientes de la agencia fue la demanda presentada a finales del año pasado contra tres de los grandes bancos de EE.UU., JPMorgan Chase, Bank of America y Wells Fargo, por no haber protegido a los consumidores de un presunto fraude masivo en la plataforma de pagos Zelle.
En una entrevista este lunes en la radio pública NPR, el exdirector de la agencia Rohit Chopra, cesado por Trump el 1 de febrero pese a que su mandato expiraba en 2026, defendió la importancia de la CFPB y comparó su labor con la de un “policía de patrulla” encargado de proteger a los consumidores de los abusos de Wall Street.
“Hay poderosos intereses económicos que quieren impedir que las autoridades les exijan responsabilidades cuando engañan a los consumidores con sus tarjetas de crédito o cuentas bancarias. Cuando esos intereses económicos no tienen que adherirse a las reglas, ganan mucho dinero, pero los consumidores pagan un alto precio”, afirmó.
La idea de crear la CFPB surgió en 2007 de la entonces profesora de Harvard y ahora senadora Elizabeth Warren, quien advirtió este lunes en un mensaje en X que, si la agencia desaparece, “los directivos de Wall Street volverán a tener vía libre para engañar a los consumidores con sus ahorros”.
La CFPB fue creada por orden del Congreso dentro de la ley Dodd-Frank, aprobada en 2010, por lo que, en teoría, el Legislativo es el único con poder para eliminarla formalmente.
Sin embargo, el director de la agencia tiene margen de maniobra sobre las acciones que emprende, lo que permite a la Administración de Trump paralizar en la práctica su funcionamiento, dejando a sus empleados sin trabajo y frenando cualquier investigación mientras el asunto se dirime en los tribunales.
De hecho, la web del organismo dejó de estar operativa el domingo y la agencia no tiene previsto acceder a más fondos para seguir operando, según dijo Vought, quien, como director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), tiene autoridad para cortar el financiamiento de otras agencias gubernamentales.
En concreto, en un mensaje en X, Vought anunció el domingo que la CFPB no solicitará su próxima ronda de financiación a la Reserva Federal, argumentando que sus reservas actuales de US$711.6 millones son “excesivas”.
Cuando el Congreso creó la CFPB, estableció que su financiamiento provendría de la Reserva Federal para aislarla de presiones políticas.
La decisión de Trump de paralizar la CFPB se enmarca en la ofensiva de su Administración para reducir el gasto público, encabezada por el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), bajo la supervisión de Elon Musk.
Como parte de este plan, también se ha desmantelado en la práctica la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), con sus oficinas cerradas y sus empleados en el limbo.
