Las crecientes brechas de financiamientos para el desarrollo sostenible y la necesidad de una reforma estructural en la arquitectura financiera global son los temas que se presentan en un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) “The Global Outlook on Financing Sustainable Development 2025: Towards a More Resilient and Inclusive Architecture”.
Según el informe, la diferencia entre los recursos disponibles y las necesidades de inversión podría alcanzar los US$6.4 billones para 2030, lo que pone en riesgo el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En 2023, el financiamiento total hacia los ODS se estimó en US$3.2 billones. Además, la inversión extranjera directa en países en desarrollo cayó un 15% en 2024.
La OCDE subraya que la crisis climática, el aumento de la deuda en países en desarrollo y la desaceleración económica mundial han exacerbado la falta de recursos, dificultando la capacidad de los gobiernos para financiar proyectos de impacto social y ambiental. La deuda soberana de los países en desarrollo ha crecido un 30% desde 2020, alcanzando los US$12.5 billones en 2024, lo que reduce la capacidad de inversión pública en otros sectores.
También el informe señala que las inversiones privadas en el desarrollo sostenible disminuyeron en los últimos años, lo que resalta la necesidad de crear mecanismos que incentiven la participación del sector financiero en estas iniciativas. La OCDE recomienda fortalecer la cooperación internacional, innovar en instrumentos financieros y garantizar la transparencia en los flujos de inversión para maximizar su impacto. Se estima que los bonos verdes y sostenibles, que en 2022 representaban US$500,000 millones, podrían superar el billón de dólares en 2025 si se implementan las reformas adecuadas.
Una de las propuestas del informe es la creación de incentivos fiscales y financieros para atraer capital privado hacia proyectos alineados con los ODS. Asimismo, la organización destaca la importancia de reformar la gobernanza de las instituciones financieras multilaterales para hacerlas más inclusivas y eficaces en la canalización de fondos hacia países con mayores necesidades. La OCDE sugiere la implementación de un fondo global de financiamiento sostenible de al menos US$500,000 millones anuales para catalizar la inversión en infraestructura verde y social.
La OCDE también advierte que, sin medidas concretas para aliviar la carga de la deuda, muchos países se verán obligados a reducir el gasto en salud, educación e infraestructura, lo que podría ralentizar el crecimiento económico y aumentar las desigualdades. Por esta razón, destaca que se deben implementar estrategias de reestructuración de deuda que permitan a los países en desarrollo mantener sus compromisos de inversión sostenible. La OCDE enfatiza que el sistema financiero internacional debe adaptarse a los desafíos actuales y futuros para garantizar un crecimiento equitativo y sostenible.
