A pesar de sus avances, República Dominicana enfrenta desafíos en su sistema tributario, tanto en términos de recaudación como de regulación. Así lo destacó la subdirectora Jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Yorlin Vásquez, durante su participación en el primer Encuentro de las Mujeres Tributaristas.
Vásquez indicó que, para avanzar hacia un modelo más eficiente y alineado con estándares internacionales, es fundamental fortalecer los derechos del contribuyente, mejorar los mecanismos de conciliación y persecución de delitos fiscales, e incorporar medidas más efectivas para la tributación de la economía digital y los impuestos ecológicos.
“A lo primero que tenemos que seguir apuntando es a que haya espacios donde el contribuyente pueda ejercer sus derechos”, indicó Vásquez, al destacar que por eso “está la figura modelo de la responsabilidad del contribuyente”.
En su participación en el panel “Perspectivas sobre el futuro del sistema fiscal dominicano: Innovación, sostenibilidad y equidad”, organizado por la Asociación Tributaria de la República Dominicana, representante en el país de la International Fiscal Association (IFA) y miembro autorizado del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT), Vásquez destacó la importancia de incluir en la legislación mecanismos como la conciliación condicionada y los acuerdos mutuos, que permitan resolver disputas sin necesidad de largos procesos judiciales. Además, propuso la creación de una procuraduría especializada en delitos tributarios.
Precisió que es necesario establecer un mecanismo para evaluar la capacidad económica del contribuyente. “Un porcentaje importante de las deudas que terminan en el cobro coactivo no tiene que ver con discusiones sobre la justicia de la determinación impositiva, sino con el hecho de que se determinaron tantos impuestos al mismo tiempo que superaron la capacidad económica del contribuyente”, agregó.
En muchos casos, “las deudas acumuladas no se deben a disputas sobre la justicia del impuesto, sino a la imposibilidad de pago debido a la carga impositiva acumulada”, por lo que plantea la necesidad de un enfoque basado en la capacidad económica del contribuyente, que permita soluciones más realistas y evite la proliferación de empresas inactivas o en quiebra por deudas fiscales.
Ante esto, insta a endurecer las penas para delitos tributarios. En la actualidad, la defraudación fiscal tiene una sanción máxima de dos años de prisión, una pena considerada insuficiente en comparación con otros delitos financieros y societarios. “La gente a veces prefiere cometer la infracción, porque le resulta más económico pagar la sanción que dejar de hacer el ilícito”, dijo.
Meritocracia
Al hablar sobre la participación femenina en el mercado, la funcionaria destacó la necesidad de que exista un sistema de méritos en el que no se tome en cuenta el género, sino que se evalúe la capacidad de la persona que aplica a las vacantes, ya que esta sería la forma en que más mujeres podrían ocupar posiciones directivas.
“De cara a la equidad, uno de los grandes retos que tiene la administración tributaria y, en general, toda la administración pública es poder instaurar un sistema de ingreso basado en méritos, donde no se mire el género, sino las condiciones y capacidades”, precisó Vásquez.
Durante su intervención, resaltó que las féminas son mayoría en las universidades y que “dominan las carreras, dominan la capacidad operativa del Estado, pero no dominan la capacidad de dirección”.
