El director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Víctor Castro, aseguró este martes que la institución que preside no puede inhabilitar a las empresas que participan en una adjudicación, pese a denuncias sobre presuntas prácticas anticompetitivas.
A pesar de que las adjudicaciones de utilería escolar a nueve empresas se llevaron a cabo tras las denuncias de la misma institución ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), el funcionario aseguró que no se puede revocar el proceso hasta que sean sancionadas ante la ley.
Durante una rueda de prensa, celebrada en la sede de la institución, Castro aclaró que el hecho de que familiares participen de un mismo proceso de adjudicación a través de distintas empresas no representa una violación de la Ley de Contrataciones Públicas 304-06, siempre que no sean accionistas comunes. Sin embargo, es responsabilidad de ProCompetencia determinar si existe colusión.
Las declaraciones de Castro responden a un reportaje realizado por la periodista Alicia Ortega para su programa “El informe”, donde se denunció que nueve empresas obtuvieron licitaciones (por un monto de RD$460 millones) para proveer al Inabie de uniformes escolares, mochilas y zapatos para su posterior entrega a los estudiantes de los centros educativos públicos.
“No tenemos la potestad de establecer si los vínculos desembocan en colusión”, dijo el funcionario. “Por eso estamos obligados a escuchar la opinión de ProCompetencia antes de tomar una medida, y eso hicimos”, afirmó el titular del Inabie.
No obstante, Castro informó la suspensión de certificación de contratos de las empresas denunciadas y otras que participaron en los procesos de adjudicación de utilería escolar para los próximos años lectivos con el objetivo de “garantizar la transparencia”.
Además, llamó a ProCompetencia, así como a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) a asumir las investigaciones de las empresas que denunció el Inabie por presuntas irregularidades.
“Estamos disponiendo la suspensión de los peritos actuantes en la evaluación de estas empresas que son quienes nos dan el insumo para proceder con las adjudicaciones”, puntualizó el funcionario al asegurar que serán despedidos en caso de que se demuestren actos “contrarios a la ley”.
También, explicó que la institución no ha desembolsado el dinero a ninguna de las empresas que participan en los procesos de adjudicación actuales.
Ortega, en su investigación, reveló que las empresas denunciadas presentan incongruencias en su documentación y utilizaron las mismas fotografías del espacio disponible para sus operaciones, el cual era requerido por el Inabie.
Además, señaló que el pliego de condiciones del Inabie lo faculta para inhabilitar a las empresas que incumplan con la ley.
