Aunque la caficultura dominicana vive un proceso de recuperación tras décadas de abandono, aún no ha logrado alcanzar ni siquiera la mitad del volumen que llegó a producir en sus años dorados. Así lo afirma Rufino Herrera Puello, veterano caficultor de Los Cacaos, San Cristóbal, con más de 40 años vinculado al cultivo del grano, quien advierte que el renacer del sector depende de una acción decidida del Estado.
Durante las décadas de los 80 y 90, República Dominicana producía en promedio 1.1 millones de quintales de café, con una superficie sembrada de 2.5 millones de tareas. Sin embargo, la llegada de la roya en 2012 y una serie de medidas fiscales adoptadas desde los años 70, como la Ley 199 y un recargo del 36% a las exportaciones, devastaron el sector.
“Llegamos a tener 73,000 familias vinculadas al café. Hoy apenas quedamos unas 20,000”, señaló Herrera, quien también fue presidente de la Federación de Caficultores del Sur. El productor sostiene que el país llegó a importar hasta el 60% del café que consumía, debido al colapso de la producción local.
En 2015, la producción de café en República Dominicana fue de 218,000 quintales. Ocho años después, en 2023, alcanzó los 604,000 quintales, lo que representa un crecimiento del 177% en términos reales. Esta expansión ha sido impulsada por la mejora en el rendimiento por tarea, que pasó de 0.14 quintales en 2015 a 0.74 en 2023.
En términos económicos, el valor de las exportaciones también ha mejorado, alcanzando en 2023 los US$19.9 millones, el nivel más alto en la serie disponible. Sin embargo, este crecimiento contrasta con la evolución de las importaciones. En ese mismo año, el país importó café por US$54.6 millones, casi el triple de lo que exportó.
Herrera asegura que la solución pasa por “reorganizar la producción de forma zonal” y enfocar los esfuerzos en las áreas donde aún hay familias caficultoras activas. Propone renovar entre 400 y 500 mil tareas con variedades de alto rendimiento que, con una productividad de 2 a 2.5 quintales por tarea, permitirían regresar al millón de quintales anuales.
A pesar de los esfuerzos del Instituto Dominicano del Café (Indocafé), que brinda asistencia técnica y distribuye plantas, los caficultores consideran que esto no basta. “El desastre fue tan grande que necesitamos una inversión millonaria, no paliativos”, enfatizó Herrera, quien calcula que se requieren al menos US$100 millones para implementar un plan nacional de recuperación.
Otro obstáculo es la competencia con cultivos más rentables como el limón, el albaricoque y la chinola, que han ganado terreno en zonas tradicionalmente cafetaleras. “El café ha dejado de ser atractivo para muchos productores. Hay que incentivar su siembra y garantizar servicios básicos en las zonas rurales”, añadió.
La ley 184-44, que crea un mecanismo de pago por servicios ambientales como la protección de cuencas hidrográficas, nunca ha sido implementada desde su aprobación en 2018. Para Herrera, este instrumento sería clave para revalorizar la caficultura y motivar su permanencia.
En términos económicos, sociales y medioambientales, el café fue uno de los principales pilares del desarrollo rural dominicano. Según datos compartidos por el caficultor, generaba unos US$75 millones de anuales en exportaciones, abastecía el mercado local y protegía importantes fuentes hídricas del país.
Hoy, la situación es distinta. Las exportaciones son mínimas, especialmente de café verde, y muchas de las cuencas donde se cultivaba el grano están deforestadas. Para Herrera, revertir esta realidad solo será posible si el Estado asume su parte: “No pedimos una dádiva. Pedimos una inversión justa en un sector que ya le dio mucho al país”, expresó.
