Diversas autoridades del ámbito legal, incluyendo juristas, fiscales y defensores de derechos ciudadanos, han manifestado su preocupación ante la proliferación de delitos y faltas que no reciben sanción en el país.
Esta inacción legal está fomentando un clima de impunidad social generalizada que amenaza los principios fundamentales del Estado de derecho y el tejido moral de la sociedad dominicana. Como ejemplo claro, se citan las constantes violaciones a leyes fundamentales como:
- Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, cuyas infracciones son visibles a diario sin consecuencia alguna.
- Código de Trabajo de la República Dominicana, que es objeto de múltiples incumplimientos tanto por parte de empleadores como de empleados, sin intervención efectiva de las autoridades laborales.
- Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, la cual también sufre múltiples violaciones, sobre todo en lo referente a la evasión de aportes por parte de empresas, médicos. clínicas y aseguradoras, sin que se apliquen las sanciones establecidas en la normativa.
- Y otras leyes no menos importantes.
A esta situación se suma un reciente informe emitido por la Superintendencia de Bancos, que revela la existencia de más de 7,000 casos de fraude externo en entidades financieras durante el año 2024, con pérdidas que superan los RD$1,700 millones. Lamentablemente, dicho informe omite cualquier mención sobre el fraude interno, es decir, los delitos cometidos por empleados y funcionarios dentro de las propias instituciones financieras.
¿Quién responde por estos delitos?
La ciudadanía se pregunta cuántos de estos fraudes han sido judicializados, cuántos perpetradores han sido identificados, y por qué la justicia no actúa con la celeridad e imparcialidad que exige el debido proceso.
¿Son las entidades financieras incapaces de identificar a los responsables o simplemente prefieren ocultar la información por temor al daño reputacional? La falta de transparencia y de sanción real no solo afecta a los bancos, sino que debilita la confianza pública en el sistema institucional.
Desde el punto de vista legal, muchos de estos actos constituyen delitos tipificados en el Código Penal Dominicano, como el fraude (Artículo 405 y siguientes), la estafa (artículos 401 y 402), y la asociación de malhechores (artículos 265 y 266). Sin embargo, se observa una preocupante falta de aplicación rigurosa de estas leyes, lo que permite que los delincuentes operen impunemente.
Los “chiperos”: una amenaza sin control
El fenómeno de los llamados “chiperos”, estafadores electrónicos que operan mediante fraudes con tarjetas de crédito y sistemas bancarios, se ha convertido en una industria criminal en crecimiento.
Estas redes de estafa son fácilmente detectables tanto por las entidades financieras como por la Policía Nacional, mediante rastreo digital, denuncias de usuarios y seguimiento a patrones de consumo y transferencias. No obstante, no se observan operativos efectivos que desmantelen estas redes ni se judicializa a los responsables materiales e intelectuales, incluyendo a los cómplices en establecimientos comerciales y personal bancario que facilita estas operaciones.
Consecuencias de la impunidad
La permisividad frente al delito y la negligencia de las autoridades competentes, como la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, la Superintendencia de Bancos y otros organismos de fiscalización, está erosionando los pilares de la convivencia social. No se puede construir una nación sólida cuando los ciudadanos perciben que robar, defraudar o estafar no conlleva consecuencia alguna.
La Constitución de la República Dominicana, en su Artículo 75 sobre los deberes fundamentales, establece que “toda persona tiene el deber de respetar y cumplir la Constitución y las leyes”, así como “trabajar para el bienestar colectivo”. Sin embargo, el Estado debe garantizar que estos principios no sean letra muerta, sino realidad vivida.
Un llamado a la acción
Es urgente que las instituciones dominicanas encargadas de la prevención, investigación y sanción del delito asuman con responsabilidad su rol. El Ministerio Público debe iniciar procesos penales con mayor firmeza, y los jueces deben actuar sin parcialidad. Asimismo, el liderazgo político, empresarial y social debe unirse en una cruzada nacional contra la impunidad.
El silencio, la pasividad y el encubrimiento también son formas de complicidad. Si no actuamos hoy, mañana será demasiado tarde.
