El Gobierno argentino modificó este lunes el sistema de contratación de obra pública con el objetivo de reducir la burocracia, ampliar la competencia entre empresas y eliminar mecanismos que, según las autoridades, favorecieron la cartelización del sector durante décadas.
La medida, oficializada a través de una disposición de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) publicada este lunes en el Boletín Oficial, flexibiliza los requisitos de inscripción y calificación de las empresas constructoras y permite la incorporación de nuevos actores, tanto nacionales como internacionales.
“Durante 70 años imperó un sistema de cartelización establecido por ley. Este dislate la ley lo protegía a través de un perverso sistema que limitaba la capacidad constructiva de cada oferente asegurando un reparto entre los actores al tiempo que limitaba la entrada al club”, afirmó este lunes en su cuenta de X el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El funcionario criticó el antiguo sistema y afirmó que con la nueva normativa “se derrumban las barreras de entrada a nuevos jugadores”.
A diferencia del esquema anterior, podrán competir empresas que tengan experiencia en obra privada o internacional, e incluso aquellas que no cuenten con antecedentes previos, siempre que acrediten patrimonio o garantías equivalentes.
Uno de los cambios centrales es la eliminación del sistema de “capacidad de contratación”, eje del modelo previo, y que, según el Gobierno, servía como mecanismo restrictivo para nuevos oferentes. En su lugar, se establece un nuevo enfoque que prioriza la apertura del mercado.
“A los fines de fomentar una mayor concurrencia de interesados y competencia entre oferentes y el ingreso de nuevos participantes locales y de empresas extranjeras, corresponde flexibilizar los parámetros tenidos en cuenta para calificar a las constructoras de obra pública y simplificar el trámite a los fines de agilizar el procedimiento de inscripción”, aseveró la norma.
El nuevo marco regulatorio incluye además la creación del Sistema de Información de Cocontratantes (SICO), una plataforma unificada donde deberán registrarse todas las personas o empresas interesadas en ofrecer servicios al Estado. Este registro abarcará a proveedores, contratistas de obra pública y concesionarios.
Hasta hoy las empresas debían presentar antecedentes de hasta 10 años, incluyendo balances, certificaciones de obra pública y documentación contable extensa. Con la nueva normativa, se aceptarán antecedentes tanto de obra pública como privada, y no se exigirá una ponderación de compromisos de obra previamente asumidos.
Será tenido en cuenta el capital social para firmas sin experiencia, falcilitando su ingreso al sistema bajo nuevas reglas de transparencia y competencia.
En el marco del ajuste estatal impulsado por el presidente, Javier Milei, que incluyó la paralización de la obra pública, el Ejecutivo espera que esta reforma impulse una mayor participación de empresas y mejore la eficiencia del gasto público en infraestructura.
