Arsenio Quevedo, detenido bajo la imputación de dirigir una supuesta red de sicarios sobre la que pesan al menos siete asesinatos, no sólo se erigió como una de las figuras clave en el control de las rutas del transporte público de pasajeros, sino que su conexión política lo lleva a ocupar cargos en varias dependencias, incluyendo la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), a la que además sirve de suplidor a través de una empresa privada favorecida con contratos millonarios.
El 28 de diciembre de 2015 la gerente del Departamento de Recursos Humanos de la OMSA, Sadia Olivia Matos Méndez, certificó en una comunicación que está en poder de la parte civil constituida del proceso contra Quevedo, que el transportista, portador de la cédula de identidad 012-008079-2, laboraba en esa dependencia desde el 1 de septiembre de 2008, en calidad de subdirector. Además, que devengaba un salario mensual de RD$58,060.60.
Documentos oficiales colgados por la OMSA en la web muestran contratos millonarios en los que la compañía estatal compra piezas de vehículos a Impiesesa, una compañía cuyos activos la Fiscalía del Distrito Nacional pidió inmovilizar -según plantea el propio abogado del imputado, William Alberto Garabito-, como parte del proceso en que acusa a Quevedo de varios asesinatos.
Santiago Mejía, de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, certificó a elDinero que Impiesesa, con el registro mercantil No. 32611SD, tiene como socios a Arsenio Quevedo (gerente y autorizado a firmar) y a Amín Arsenio Quevedo de la Rosa.
La compañía, con un capital social de RD$40 millones, se dedica a la “compra y venta de bienes y servicios; piezas, repuestos y maquinarias; venta y distribución de postes de iluminación, bancos para parques, camiones compactadores, furgones, entre otros”, certifica la Cámara.
El expediente que manejan los abogados de Fenatrano incluye un documento en el que Ditrén aparece como “asesor” de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin).
En la web también aparece un contrato de RD$4.1 millones rubricados por el actual director de la OMSA, Manuel Antonio Rivas Medina. Curiosamente ese PDF no está completo, como tampoco se puede descargar de la web oficial de la OMSA el documento sobre la nómina aunque muestra el archivo.
La Fiscalía plantea en su acusación que Quevedo figura además como accionista de Inversiones y Financiamientos A&J, en calidad de socio, gerente y autorizado a firmar.
En febrero de este año la Unatrafin denunció que más de 200 transportistas propietarios de taxis color amarillo (conocidos como pollitos), tenían dificultad para renovar el marbete en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), debido a que la fiscal del Distrito, Yeni Berenice Reynoso, había tomado medidas para inmovilizar bienes de ese gremio.
“Estas unidades de transporte fueron adquiridas por más de 200 familias a través de un financiamiento del Banco de Reservas, con la participación de la firma privada Impiesesa y Unatrafin como garante”, explicó Amín Quevedo, identificado entonces como gerente ejecutivo de Impiesesa.
En febrero de 2012 el entonces presidente Leonel Fernández entregó a la Unatrafin una flotilla de 200 taxis dotados con equipos de gas natural, financiados por el Banco de Reservas a un costo de RD$90.5 millones.
El abogado Garabito explica que “la Fiscalía solicitó autorización al juez de la instrucción a los fines de embargar y hacer oposición a todas las cuentas y bienes que posee Arsenio Quevedo; en razón de eso ella (la fiscal Reynoso) le solicitó a la OMSA que le suspenda el pago de salario, en virtud de esa resolución y así está”.
Plantea que la medida de la Fiscalía también afecta las acciones de Quevedo en la compañía Transporte del Valle y en Impiesesa, que -desde el punto de vista del abogado- se dedica a “importación de vehículos y ventas a terceros”.
Sostiene que la Fiscalía procuró además inmovilizar todos los vehículos registrados a nombre del imputado. “Eran más de 18, porque Quevedo se dedica a la compra y venta de vehículos y la mayoría de esos vehículos ya estaban transferidos a terceros aunque ellos no habían hecho su traspaso. Tú sabes que el Gobierno daba facilidades para importar vehículos y muchas personas, a través de él, importaban vehículos, pero no eran de él, son vehículos que estaban en las calles”, dice.
Arsenio Quevedo y su poder en las calles
La Unatrafin controla 342 rutas a nivel nacional según su presidente provisional, Juan Santana Soriano, quien explica que en la próxima asamblea el gremio ratificaría a Quevedo en su cargo, como una forma de respaldar “al compañero” hasta que concluya el proceso en su contra.
El 26 de noviembre de 2015 el gremio certificó que su presidente presenta “siempre una conducta intachable, dentro y fuera de nuestras instituciones”.
La acusación incluye a Erison de los Santos (Ney), exregidor del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y otros miembros de la Unatrafin imputados de asesinar a varios transportistas de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano).
Juan Hubieres, quien encabeza la Fenatrano e impulsa el proceso contra Quevedo, insiste en que el origen de la Unatrafin era destruir a su organización y a la Confederación Nacional del Transporte (Conatra), de Antonio Marte.
“Es un engendro del Estado y un ex jefe de la Policía Nacional junto al anterior director de la OMSA”, plantea Hubieres.
Esquirol o no, Quevedo exhibió desde el principio su conexión política. Trató de buscar una diputación por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), del que forma parte, en la provincia Elías Piña.
Aunque parece una misión imposible ubicar el decreto que lo llevó a la OMSA, existen al menos otros dos que lo suman al tren gubernamental.
El Decreto 166-05, del 21 de marzo de 2005, designa a Quevedo como subdirector de la Oficina Nacional del Transporte Terrestre (OTTT) para la región Sur del país.
Luego, el 14 de marzo de 2012, el Decreto 99-12 lo nombra miembro del Consejo Directivo del Fondo del Desarrollo del Transporte Terrestre (Fondet), en sustitución de Anastasio González.
Entre las evidencias ocupadas en la Unatrafin la Fiscalía cita nueve sellos gomígrafos, incluyendo de la Subdirección de la OMSA. En su residencia del Ensanche Isabelita, ocupó tarjetas de presentación con cuatro números telefónicos usados por el imputado “como flotilla de Unatrafin y OMSA para las actividades ilícitas en el lavado de activos y la red de sicariato”.
A quien pueda interesar…
En el expediente contra el transportista figura una carta del obispo de San Juan de la Maguana, monseñor José Dolores Grullón, fechada el 28 de julio de este 2016. “A quien pueda interesar”, clama el religioso: “Por la presente hacemos constar que somos respetuosos del sistema judicial y de los procesos de aplicación de la justicia”, dice. “Pero consideramos que en el caso del señor Arsenio Quevedo, la medida de coerción impuesta puede ser disminuida en vista de que todos los que lo conocemos podemos dar testimonios de que él asistirá puntualmente a todas las audiencias que requiere el desarrollo del proceso en el cual está vinculado”.
También Virgilio Almánzar, presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH), media en favor de Quevedo, con una comunicación fechada el 26 de noviembre de 2015, en la cual afirma que el transportista “nunca ha tenido que ver con nada” contrario a la justicia, por lo que “siempre ha tenido muy buena conducta dentro de la sociedad”.
Jacobo Ramos y Santiago Zamora, de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), definieron al imputado como “un ciudadano correcto” que “goza de alta estima, consideración, respeto y confianza” de esa institución.
Francisco Bautista Medina intercedió por el transportista en su condición de diputado por Elías Piña. Aseguró, el 28 de diciembre de 2015, que se trata de un “ciudadano responsable” que no evadiría los tribunales.
Lo mismo hizo el diputado Rafael Méndez, padre de Vilma Aidée Méndez, esposa de Amín Arsenio Quevedo, hijo del imputado. El legislador se compromete, en un documento fechado el 1 de febrero pasado, a avalar la libertad del imputado para que “le sea variada la medida de coerción de prisión preventiva y sea favorecido con alguna otra menos gravosa”.
El 28 de diciembre pasado el Ayuntamiento de El Llano, Elías Piña, emitió un documento, bajo la firma del alcalde Cayetano Cubilete Medina, para mediar por la libertad del gremialista, funcionario, político y empresario.
El 9 de febrero hicieron lo mismo el presidente provincial del PLD en Elías Piña, Fernando Castillo Roa, así como los representantes del partido oficialista en Bánica (Geraldino Ramírez Alcántara), Hondo Valle (Humberto Morillo Ogando), El Llano (Cayetano Alberto Cubilete), Pedro Santana (Orangel Quevedo Suero), Comendador (Juan José Mateo) y Juan Santiago (Ramón Soler).
Tráfico de combustible
De acuerdo a la acusación de la Fiscalía del Distrito, Arsenio Quevedo (el Cinqueño), utilizaba a la Unatrafin para recibir 520 galones de combustibles al mes subsidiados, los cuales “utilizaba para estafar al Estado y lavar activos proveniente de esta actividad”.
Asegura que determinó que “más del 68% de este combustible no llega a los choferes, sino que es vendido por el acusado a través de una red de tráfico de combustible de la que es parte del acusado Erinson de los Santos Solís (Ney), y a fin de obtener más combustible esta red ha entrado en controversia con otros sindicatos”.
Además del Estado, en la audiencia interviene Fenatrano, en defensa de los familiares de las víctimas. Las audiencias se desarrollan en un ambiente de presión en el que tanto los representantes de ese gremio como los de la Unatrafin acuden al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La Fiscalía del Distrito Nacional y la Fenatrano acusan a Arsenio Quevedo y al exregidor Erinson de los Santos Solís (Ney) junto a Amaury Cabrera Martínez, Félix Lora de Jesús (el Pelotero), Danilo Octavio Reynoso Recio (el Prieto) y Cristino Batista Roa (el Mayor).
En la audiencia del pasado viernes, Quevedo fue sacado de emergencia desde al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hacia la Clínica Abreu con dolor en el pecho, malestar estomacal y presión arterial alta. Kenya Romero, jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción, tuvo que recesar el proceso.
