Las recientes redadas migratorias en obras de edificaciones en regiones como Florida y Luisiana amenazan la industria constructora de Estados Unidos, en la que uno de cada cuatro trabajadores a nivel nacional es inmigrante, una proporción que sube hasta al 75% en grandes ciudades como Miami.
La alarma crece tras la detención de más de 100 migrantes de México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras en un sitio de construcción la semana pasada en Tallahassee, la capital de Florida, dos semanas después de una redada similar en The Villages, en el mismo estado, con más de dos docenas de arrestos.
Estos operativos, replicados en estados como Luisiana y Nueva York, atemorizan a migrantes albañiles, quienes prefieren ausentarse a arriesgarse a la deportación, contó a EFE el hondureño Aarón Pineda, quien tiene un Estatus de Protección Temporal (TPS) y realiza obras en Miami.
“Nosotros, los latinos, somos los que sacamos este país adelante, si no fuera por los latinos aquí no se moviera esto. Nosotros somos la fuerza de sacar el país adelante, así como se está viendo, y hoy en día uno se siente temeroso por todo lo que está pasando, que no se había visto”, declaró Pineda en una entrevista.
Los migrantes construyen EE.UU.
La nueva meta del Gobierno de Donald Trump de sumar 3,000 deportaciones diarias pone en riego en particular a la construcción, sector en el que el 25.7% de los trabajadores son inmigrantes y un 14.1% del total son indocumentados a nivel nacional, según el American Immigration Council.
En grandes ciudades, como Miami, hasta tres de cada cuatro trabajadores de construcción son inmigrantes, apuntó Ned Murray, director asociado del Centro Metropolitano en la Universidad Internacional de Florida (FIU).
En todo el estado, hay 432,100 migrantes en esta rama, dos tercios del total estatal, añadió Murray.
“Está bien documentado que la construcción es tal vez la industria que estaría más lastimada por las deportaciones o cualquier disrupción de este importante mercado laboral, que depende de los inmigrantes”, expuso en una entrevista a EFE el experto en economía y mercado de vivienda.
Una crisis de vivienda
Las expulsiones de migrantes albañiles agravarían la crisis de vivienda que experimenta Florida desde 2018 y que se aceleró con la pandemia de la covid-19, cuando personas de otras regiones estadounidenses comenzaron a trasladarse al estado, consideró Murray.
Estados Unidos tiene un déficit de 3.7 millones de viviendas, por lo que los alquileres y precios de venta están en sus máximos históricos, calcula el Urban Institute en un reporte.
Si Trump cumpliera su promesa de deportaciones, el país perdería hasta 1.8 millones de empleados constructores, mientras se estima que el sector necesita 454,000 nuevos trabajadores este 2025 para cumplir con la demanda de vivienda, señaló la investigación de Jorge González-Hermoso, Christina Plerhoples Stacy y Hamutal Bernstein.
En este contexto, la Coalición Inmigrante de Florida (FLIC, en inglés) ha denunciado estas redadas por generar “un clima de persecución” y “miedo”, al afirmar que los propios gigantes inmobiliarios y constructoras reconocen la falta de mano de obra.
“Si espantamos a la gente que está dispuesta a hacer este trabajo bajo el sol en la Florida y tiene la habilidad para trabajar en estos trabajos de construcción, no sé cómo vamos a poder seguir abarcando este tipo de proyectos de construcción que son tan necesitados”, expuso a EFE Thomas Kennedy, consultor y analista de FLIC.
No obstante, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el fiscal general del estado, James Uthmeier, han presumido de los resultados de estas redadas y de la participación de fuerzas locales, como la Patrulla de Carreteras de Florida.
“En Florida, estamos liderando el trabajo para ayudar a la Administración Trump a implementar la ley inmigratoria federal”, publicó el fiscal Uthmeier tras el operativo en Tallahassee.
